La FGJ imputó a OCESA y Servicios Lobo por homicidio tras la muerte de los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas durante el festival Axe Ceremonia 2025.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) notificó el pasado 20 de enero la imputación formal de dos empresas más en la investigación por la muerte de los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, quienes fallecieron al interior del festival Axe Ceremonia 2025, realizado en la Ciudad de México.
De acuerdo con la notificación oficial, las empresas Operadora de Centros de Espectáculos, conocida comercialmente como OCESA, y Servicios de Protección Privada Lobo, fueron imputadas por el delito de homicidio, al considerarse su presunta responsabilidad en los hechos que derivaron en la muerte de ambos comunicadores.
El equipo legal que representa a la familia de Berenice Giles informó que el Ministerio Público, encabezado por Mercedes Karina Granados, incorporó a ambas empresas a la carpeta de investigación desde el pasado 14 de enero. Sin embargo, fue hasta el 20 de enero cuando se notificó formalmente a las partes sobre su imputación dentro del proceso penal.
La decisión de incluir a OCESA y a Servicios Lobo se dio luego de que tres jueces distintos determinaran que la Fiscalía sí debía considerarlas dentro de la investigación. Estos señalamientos judiciales obligaron al Ministerio Público a ampliar la imputación, al considerar que existían elementos suficientes para presumir posibles omisiones o responsabilidades en materia de organización, seguridad y control del evento.
Con esta determinación, el número de empresas señaladas en el caso asciende a cinco, mientras que también se mantienen imputaciones contra ocho personas físicas, cuya participación estaría relacionada con la planeación, operación y supervisión del festival Axe Ceremonia 2025.
La muerte de Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas ocurrió durante la cobertura periodística del evento, lo que generó una fuerte reacción en el gremio periodístico y en organizaciones defensoras de la libertad de expresión, que exigieron una investigación exhaustiva y sanciones contra los responsables.
En un video difundido públicamente, el padre de Berenice Giles señaló que existen grupos que, a su juicio, buscan desvirtuar la lucha emprendida por las familias de las víctimas. Afirmó que dichos intentos no responden al interés de esclarecer los hechos, sino a objetivos ajenos a la exigencia de justicia por la muerte de los fotoperiodistas.
Las familias de las víctimas han reiterado que su objetivo es que se esclarezcan plenamente las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento de Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, así como que se sancione a todos los responsables, sin importar si se trata de personas físicas o empresas con poder económico.
La FGJ ha sostenido que la investigación continúa abierta y que se están integrando todos los elementos necesarios para determinar responsabilidades penales. En tanto, la imputación de OCESA y de la empresa de seguridad privada marca un nuevo avance en un caso que ha generado amplia atención pública y que ha puesto bajo escrutinio las condiciones de seguridad en eventos masivos realizados en la capital del país.
