La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la FGR investiga como delito penal el derrame de crudo provocado por un barco privado, el cual ha impactado el litoral de Veracruz y Tabasco.
La administración federal confirmó que la Fiscalía General de la República ha tomado control de las indagatorias relacionadas con el vertido de hidrocarburos que afecta actualmente las aguas del Golfo de México. Durante la conferencia matutina de este lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, enfatizó que la situación ya se persigue bajo una vertiente jurídica severa. Al respecto, la mandataria subrayó de manera contundente que “ya hay un delito penal en este caso”, derivado de las afectaciones directas a los ecosistemas marinos.
La jefa del Ejecutivo aclaró que la problemática ambiental en las costas de Veracruz y Tabasco no fue originada por la infraestructura de la paraestatal Petróleos Mexicanos. Según los peritajes iniciales, la contingencia fue ocasionada por un barco de propiedad privada, el cual vertió el crudo que ahora contamina extensas zonas naturales. No obstante, la presidenta precisó que “no es derrame de Pemex, pero Pemex está haciendo todo para la limpieza del océano y playas”, desplegando recursos técnicos para mitigar el avance del contaminante.
Para garantizar una respuesta efectiva en el sitio de la emergencia, se instruyó a Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex, a trasladarse personalmente a las regiones impactadas. La misión del funcionario es verificar de primera mano la magnitud del daño y determinar si es necesario asignar recursos adicionales para acelerar las labores de saneamiento. La mandataria remarcó que, aunque el gobierno federal encabeza la limpieza, la responsabilidad financiera y el resarcimiento de los daños ambientales recaen estrictamente en la empresa dueña de la embarcación involucrada.
En este proceso intervendrán diversas instancias regulatorias para asegurar que no exista impunidad ante el desastre. Sheinbaum Pardo explicó que se requiere certeza absoluta sobre la identidad del responsable para proceder mediante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente en el ámbito administrativo. Estas instituciones, junto con la Fiscalía en el plano penal, buscarán que se apliquen las sanciones correspondientes por la negligencia cometida en altamar.
Aunque las cifras oficiales de la autoridad aún están en proceso de consolidación, organizaciones civiles como la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México han encendido las alarmas sobre el alcance del siniestro. Reportes de estos grupos sugieren que la mancha de hidrocarburo, detectada desde principios de marzo, ha logrado impactar más de 630 kilómetros de litoral mexicano. Esta situación ha sido calificada por especialistas y activistas como un escenario sumamente preocupante que exige una intervención legal y ecológica inmediata.
