Autoridades mexicanas y estadounidenses investigan y bloquean a personas y empresas implicadas en fraude de tiempos compartidos vinculado al CJNG, con denuncias formales ante la FGR.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que se encuentra en curso una investigación contra personas y empresas presuntamente involucradas en un esquema de fraude relacionado con tiempos compartidos y vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Durante la conferencia matutina del 20 de febrero, el funcionario explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que será la encargada de informar sobre los avances del proceso judicial.
“La UIF hizo una denuncia a la FGR, ellos darán informe sobre la investigación”, declaró García Harfuch ante medios de comunicación. Precisó que las personas físicas y morales relacionadas con el caso ya se encuentran identificadas y enlistadas por las autoridades, aunque señaló que existen otros actos delictivos asociados que se investigan en distintas entidades del país.
El secretario subrayó que la indagatoria específica es encabezada por la Unidad de Inteligencia Financiera en coordinación directa con la Fiscalía General de la República, luego de que se detectaran operaciones financieras posiblemente vinculadas con recursos de procedencia ilícita.
En paralelo, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la UIF, reforzó la cooperación bilateral con Estados Unidos para desarticular la red de fraude ligada al esquema de tiempos compartidos asociado al CJNG. Estas acciones se desarrollan en coordinación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Como parte de las medidas implementadas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependencia del Tesoro estadounidense, designó a 24 personas por su presunta participación en el entramado fraudulento. De ese total, cinco corresponden a personas físicas y 19 a personas morales que habrían operado fraudes relacionados con servicios turísticos, presuntamente conectados con la organización criminal.
De manera complementaria, la UIF mexicana incorporó a siete sujetos adicionales a la Lista de Personas Bloqueadas. Entre ellos figuran seis individuos y una entidad, identificados como parte del núcleo operativo, familiar y corporativo detectado durante las investigaciones financieras.
De acuerdo con el comunicado oficial, estas acciones forman parte de los mecanismos de cooperación bilateral orientados a debilitar las estructuras económicas de grupos delictivos con impacto transnacional. Las autoridades señalaron que dichas organizaciones utilizan actividades empresariales y del sector turístico como fachada para captar y mover recursos de origen ilícito.
Para sustentar las medidas, la UIF realizó análisis financieros, fiscales y corporativos con el fin de rastrear movimientos relevantes de dinero, transferencias internacionales y el uso de instrumentos financieros. El objetivo es fortalecer el bloqueo de cuentas, limitar el acceso de los involucrados al sistema financiero global y cerrar espacios para la utilización de prestanombres y estructuras corporativas destinadas a dispersar fondos ilícitos.
Asimismo, se presentaron denuncias formales ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conforme a las atribuciones legales de la autoridad hacendaria. Las instancias mexicanas mantienen coordinación permanente con organismos nacionales e internacionales para prevenir el uso indebido del sistema económico y atender riesgos emergentes vinculados al fraude en tiempos compartidos.
Las autoridades reiteraron que el combate a las finanzas de los grupos criminales constituye un eje prioritario en la estrategia de seguridad, especialmente cuando se trata de esquemas que afectan tanto a ciudadanos mexicanos como a víctimas en el extranjero, dada la naturaleza internacional del sector turístico.
