Un análisis tras el incendio de pipas en la carretera Chihuahua-Aldama reveló que la planta de gas operaba a solo 56 metros de viviendas en Álamos II y utilizaba marcas comerciales no amparadas por su permiso de la CRE.
Un reciente peritaje basado en herramientas de geolocalización ha encendido las alarmas entre los residentes de los fraccionamientos Álamos I, Álamos II y Residencial Leones. Tras el siniestro que consumió varias pipas de gas en la carretera a Aldama —presuntamente provocado por un ataque con bombas molotov—, se confirmó que la estación de servicio se encuentra a una distancia crítica de apenas 56 metros del fraccionamiento Álamos II.
El riesgo latente había sido señalado por los vecinos antes de la explosión, quienes denunciaron la falta de amortiguamiento entre el almacenamiento de hidrocarburos y las zonas densamente pobladas. El análisis de distancias arroja los siguientes datos:
- Álamos II: 56 metros.
- Residencial Leones: 932 metros.
- Álamos I: 1 kilómetro.
- Sección La Mesa: 2.4 kilómetros.
Irregularidades administrativas y de seguridad
Además de la proximidad física, la empresa Estaciones de Servicio Enlace SA de CV, con domicilio fiscal en Colima, enfrenta cuestionamientos sobre la legalidad de su operación. Según el permiso LP/25286/DIST/AUT/2023 emitido por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) el 30 de octubre de 2023, la planta solo tiene autorización para operar bajo la marca comercial «ECO BLUE». Sin embargo, en el lugar se identificaron unidades con los logotipos de Deligas, Tiri Gas y Gasnoble, lo que representaría una violación directa a las condiciones del título de concesión.
El documento oficial, firmado por el Ing. Eder Leocadio Cerón de la Unidad de Hidrocarburos, establece obligaciones estrictas que hoy están bajo la lupa:
- Rastreo Satelital: Obligación de monitoreo en tiempo real de los autotanques.
- Mantenimiento: Prohibición de uso de vehículos con más de 20 años de antigüedad.
- Seguridad: Contratación de servicios de supresión de fugas y póliza de seguro vigente por daños a terceros.
La inversión estimada para este proyecto fue de poco más de 5 millones de pesos con una vigencia de cinco años. No obstante, el hallazgo de múltiples marcas y la vulnerabilidad de la instalación ante ataques externos sugieren una falta de cumplimiento en los protocolos de seguridad exigidos por la resolución RES/1345/2023 de la CRE.
