Sheinbaum y gobernadores acordaron reforzar la lucha contra la extorsión, respaldando reformas y mayor coordinación federal-estatal para enfrentar uno de los delitos que más impactan al país.
Durante la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum y los gobernadores del país acordaron impulsar un frente común para combatir la extorsión, uno de los delitos que más afectan a la población y que, a diferencia de otros ilícitos de alto impacto, continúa con una tendencia al alza. La mandataria federal señaló que, pese a diferencias políticas, la coordinación entre la Federación y los estados ha permitido una reducción del 37 por ciento en homicidios y otros delitos relevantes, pero subrayó que es necesario redoblar esfuerzos para atacar de manera prioritaria la extorsión.
Sheinbaum explicó que la reforma constitucional y legal aprobada recientemente permitirá una nueva etapa en el combate a este delito, pues deja de ser exclusivamente de competencia estatal para convertirse también en un ilícito federal, lo que habilita a la Fiscalía General de la República a investigarlo de oficio. Con este cambio, dijo, se garantiza una mayor capacidad institucional para enfrentar una práctica delictiva que depende, en muchos casos, de que las víctimas presenten denuncias, algo que históricamente ha generado subregistro y obstáculos en el seguimiento de casos.
En la sesión, gobernadores de Morena, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano expresaron su respaldo a la Estrategia Nacional de Seguridad y a los resultados obtenidos en la disminución de delitos de alto impacto. Sheinbaum reiteró que la estrategia se sostiene en cuatro ejes: atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, aumento en capacidades de inteligencia e investigación, y la transformación del Centro Nacional de Inteligencia.
La presidenta indicó que este último organismo, antes enfocado principalmente en la seguridad nacional, ahora está orientado hacia la seguridad pública y trabaja en coordinación con las áreas de inteligencia militar, naval y estatales. Mencionó que la persecución de la extorsión deberá ser de oficio y con sanciones más estrictas, ajustándose al nuevo marco federal.
En representación de los gobiernos morenistas, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, destacó la importancia de ofrecer mayores garantías a víctimas y denunciantes de extorsión. Propuso ampliar el uso de la identidad reservada no sólo durante la denuncia, sino a lo largo de todo el proceso judicial, con el fin de proteger a quienes aportan información clave y asegurar que los casos no queden impunes.
Por su parte, la gobernadora panista de Aguascalientes, Teresa Jiménez, enfatizó que la violencia no distingue partidos políticos y que la ciudadanía exige resultados concretos, los cuales sólo pueden lograrse mediante objetivos comunes y coordinación permanente entre órdenes de gobierno. Mientras tanto, el gobernador priísta de Coahuila, Manolo Jiménez, reconoció el trabajo del gobierno federal y la Fiscalía General de la República tras la captura de Esteban Rodríguez, conocido como El Limones, identificado como uno de los extorsionadores más peligrosos en la región de La Laguna.
Finalmente, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, subrayó la importancia de la colaboración entre Federación y estados, pero criticó que en su entidad el Congreso local ha bloqueado sus iniciativas en materia de seguridad, incluidas aquellas referentes a la extorsión. Hizo un llamado a los congresos estatales y a los partidos políticos a no politizar las decisiones en seguridad pública, pues —dijo— la ciudadanía demanda soluciones claras y efectivas frente a este delito.
