A 990 días del incendio en el INM de Ciudad Juárez, organizaciones denuncian justicia incompleta, procesos penales pendientes y falta de reparación integral para 82 víctimas.
A casi tres años del incendio registrado en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, organizaciones civiles advirtieron que la justicia continúa sin completarse y que persisten importantes rezagos en el cumplimiento de las obligaciones del Estado. En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, Derechos Humanos Integrales en Acción, la Fundación para la Justicia y el Instituto para las Mujeres en la Migración recordaron que las víctimas siguen enfrentando procesos inconclusos y falta de reconocimiento pleno.
Señalaron que aún no se ha logrado una reparación integral ni el reconocimiento de la calidad de víctimas para las 15 mujeres sobrevivientes, las familias de los 27 hombres que resultaron heridos y los de los 40 migrantes fallecidos. Los organismos destacaron que continúan abiertos siete procesos penales que involucran a once personas imputadas, entre las cuales figuran funcionarios del Instituto Nacional de Migración, personal de la empresa privada de seguridad y personas migrantes que estaban detenidas la noche del siniestro.
Las organizaciones insistieron en que las sobrevivientes requieren ser reconocidas legalmente como víctimas para acceder a medidas de apoyo psicológico, atención médica, acompañamiento jurídico y compensación económica. De igual forma, recalcaron que las familias de quienes murieron o sobrevivieron necesitan acceso a mecanismos de reparación integral.
Reconocieron que la disculpa pública ofrecida en septiembre por el excomisionado del INM representó un avance, pero subrayaron que se trató de un paso limitado dentro del cumplimiento parcial de las medidas establecidas por el juez para mantener la suspensión del proceso penal. Resaltaron además que la responsabilidad de organizar el acto recayó en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, lo cual consideran un mensaje incorrecto al trasladar al Estado obligaciones que correspondían directamente al imputado.
Las organizaciones recordaron que las víctimas expresaron que la ceremonia pareció más un trámite obligatorio que un acto auténtico de disculpa. Añadieron que continúa pendiente la reparación integral para los 40 migrantes fallecidos y los 27 sobrevivientes, obligaciones que recaen en el exfuncionario procesado y no en el Estado. Las medidas de reparación serán revisadas hasta septiembre de 2026, mientras permanece sin resolverse un amparo contra la suspensión condicional del proceso.
Subrayaron también que, a diferencia del excomisionado, acusado únicamente de ejercicio ilícito del servicio público, otros imputados enfrentan cargos por homicidio y lesiones, lo cual refleja desigualdades en el acceso a la justicia. A esto se suma que el proceso sobre responsabilidad patrimonial del Estado ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa continúa en una fase inicial y aún no incluye a todas las víctimas, además de que falta una respuesta formal del INM.
Las agrupaciones reiteraron que seguirán acompañando el caso y vigilando el avance de las audiencias, así como el cumplimiento de la Recomendación 111VG/2023 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por graves violaciones a derechos humanos, integridad, vida y trato digno. Señalaron que no se conocen avances claros en su implementación, pese a las solicitudes formales realizadas.
Finalmente, recordaron que ninguna persona debería perder la vida por buscar mejores oportunidades y que una tragedia como la de Ciudad Juárez no debe repetirse. Reiteraron su compromiso de continuar impulsando verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición para las 82 víctimas.
