La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó su segundo informe de labores, donde contrastó su gestión con el pasado neoliberal, abordó el tenso caso CIA-Chihuahua y defendió la soberanía nacional.
Durante la presentación de su segundo Informe de Rendición de Cuentas en el Monumento a la Revolución, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizó un balance de sus primeros 20 meses de gestión, destacando los principios de honradez y austeridad de la administración federal. Ante miles de ciudadanos reunidos en la capital del país y mediante enlaces en vivo a diversas plazas públicas de los estados, la mandataria contrastó el proyecto actual con las políticas de los gobiernos anteriores, a los cuales acusó de haber permitido una profunda injerencia extranjera en las decisiones públicas del país.
En su discurso, Sheinbaum Pardo recordó eventos de administraciones pasadas y calificó el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa como un narcogobierno, argumentando que la estrategia de seguridad implementada en ese periodo civil estuvo diseñada desde el exterior y mantuvo una alianza demostrada con la delincuencia organizada. Asimismo, señaló que durante los 36 años del modelo neoliberal, la riqueza nacional se concentró en pocas manos y la política económica estuvo subordinada a dictados internacionales, mencionando acuerdos históricos con agencias estadounidenses como el operativo Rápido y Furioso o los rescates financieros del periodo de Ernesto Zedillo.
El informe presidencial también sirvió de escenario para fijar una postura clara sobre el caso CIA-Chihuahua, un tema de alta relevancia local y nacional debido a las recientes indagatorias de la Fiscalía General de la República sobre la presencia no autorizada de agentes extranjeros en un operativo de seguridad en el estado de Chihuahua. La mandataria aclaró que la comparecencia programada de la gobernadora constitucional del estado, María Eugenia Campos Galván, ante la autoridad ministerial no constituye una imputación formal en su contra, sino una convocatoria formal para que rinda su versión sobre los hechos acontecidos en el territorio estatal. La presidenta desestimó los señalamientos de la oposición que acusan una persecución política, enfatizando que se trata de un procedimiento legal regular.
La titular del Ejecutivo Federal subrayó que la investigación de la Fiscalía General de la República no es selectiva, ya que abarca de igual manera a servidores públicos emanados del partido oficial, tales como el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez. Esta situación derivó de una solicitud urgente de detención con fines de extradición emitida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra diez funcionarios mexicanos. Al respecto, la presidenta exigió formalmente a las autoridades de Washington la presentación exhaustiva de pruebas antes de proceder con cualquier acción penal en territorio soberano.
Finalmente, la presidenta alertó a la ciudadanía sobre las acciones de diversos sectores de la oposición mexicana, a quienes acusó de buscar alianzas estratégicas con agrupaciones de derecha y organizaciones internacionales con el propósito de recuperar el poder político. La mandataria concluyó reafirmando que su gobierno mantendrá una línea de defensa de la soberanía nacional ante presiones externas y que el modelo de desarrollo actual continuará respondiendo exclusivamente a las necesidades de la población mexicana en las plazas públicas y los diferentes órdenes de gobierno.
