Un juez federal en Guerrero fue inhabilitado por un año tras comprobarse acoso, hostigamiento y el uso indebido de la Guardia Nacional y recursos públicos para cobrar una deuda privada.
El Tribunal de Disciplina Judicial resolvió la inhabilitación por un periodo de un año para ejercer cargos públicos de un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Guerrero, luego de acreditarse diversas faltas graves en el ejercicio de sus funciones.
La resolución determinó que el juzgador incurrió en acoso sexual, hostigamiento laboral y uso indebido de recursos institucionales, al emplear personal del Ejército, la Guardia Nacional y bienes oficiales para atender un conflicto de carácter estrictamente personal relacionado con el cobro de una deuda y la recuperación de un vehículo.
De acuerdo con la investigación, el 21 de septiembre de 2022 el juez solicitó la compañía de una oficial judicial sin informarle el destino, además de requerir una unidad blindada Suburban del Centro de Justicia Penal y el apoyo de dos elementos armados de seguridad institucional.
Con este grupo, se trasladó a un domicilio particular donde intentó recuperar un vehículo que, según su versión, había intercambiado previamente con un integrante de la Marina por otro automóvil y una suma de dinero que presuntamente no le fue entregada.
Durante el incidente, el juez confrontó a dos mujeres identificadas como familiares del marino, exigiendo la devolución del vehículo y solicitando incluso el apoyo de una grúa. La situación generó inconformidad entre los habitantes del condominio, quienes rechazaron la presencia de personal armado sin orden judicial y exigieron su retiro.
El conflicto escaló cuando uno de los acompañantes del juez realizó llamadas a mandos superiores, lo que derivó en la llegada de unidades de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal, incrementando la tensión en el lugar. La situación concluyó tras confirmarse una transferencia bancaria, momento en el que el juez ordenó el retiro de todos los elementos y vehículos oficiales.
Además del conflicto por la deuda, el Tribunal acreditó otras conductas indebidas, entre ellas el uso irregular de personal y logística judicial con fines personales, así como actos de acoso sexual contra una subordinada y hostigamiento laboral hacia dos colaboradores.
El presidente de la Comisión de Disciplina, Rufino León Tovar, reiteró que cualquier desviación de las responsabilidades inherentes al cargo judicial será sancionada, y reafirmó el compromiso institucional de preservar la integridad y rechazar abusos dentro de la administración de justicia.
