El jefe de la policía de Irán, Ahmad-Reza Radan, advirtió que los manifestantes serán tratados como enemigos del Estado, intensificando la represión ante posibles nuevas protestas masivas en el país.
El panorama político y social en la República Islámica de Irán ha alcanzado un nuevo punto de tensión tras las declaraciones de Ahmad-Reza Radan, jefe de la policía nacional. El alto funcionario lanzó una advertencia directa contra aquellos ciudadanos que decidan sumarse a las movilizaciones antigubernamentales, afirmando que no serán considerados civiles ejerciendo un derecho, sino adversarios bélicos. Esta postura surge en un contexto de extrema fragilidad, donde el régimen teme un resurgimiento de las protestas masivas que han sacudido a Teherán y otras ciudades estratégicas en meses recientes.
Radan fue enfático al señalar la disposición de sus efectivos para intervenir de manera violenta si es necesario. Según sus declaraciones transmitidas por la emisora estatal IRIB, el mando policial aseguró que «si alguien se presenta a favor de los deseos del enemigo, ya no lo veremos simplemente como un manifestante, lo veremos como un enemigo». Esta retórica iguala la disidencia interna con las potencias extranjeras con las que el régimen mantiene conflictos abiertos, específicamente Estados Unidos e Israel. El jefe policial añadió que las fuerzas de seguridad se encuentran en estado de máxima alerta, describiendo la situación como una disposición de «manos en el gatillo» para salvaguardar la estructura de la revolución.
Escalada de violencia y discrepancia en cifras de víctimas
El conflicto no se limita a la retórica, sino que se sustenta en un historial reciente de represión severa. Durante los disturbios de diciembre y enero, motivados por la precariedad económica, las autoridades iraníes aplicaron medidas de fuerza que resultaron en miles de muertes. Mientras que el régimen de Teherán ha reconocido oficialmente más de 3,000 fallecimientos, atribuyendo las bajas a «actos terroristas» financiados desde el exterior, organismos internacionales de derechos humanos presentan un escenario mucho más sombrío.
La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA) ha documentado una realidad distinta. De acuerdo con sus registros, «se contabilizan más de 7,000 muertes, en su mayoría manifestantes, y se estima que la cifra real podría ser mayor». A esto se suma el arresto de aproximadamente 50,000 personas, lo que evidencia la magnitud de la respuesta estatal ante el descontento social. La situación se ha visto agravada por la intervención de actores internacionales y ataques militares cruzados entre Irán y la coalición conformada por Washington y Tel Aviv, lo que ha militarizado la vigilancia interna mediante el uso de drones y patrullajes constantes en áreas urbanas.
El control estatal frente al descontento económico
A pesar de que figuras de alto nivel del régimen, incluido el fallecido ayatollah Ali Khamenei, llegaron a reconocer la legitimidad de las quejas económicas de los comerciantes y la clase trabajadora debido al impacto de las sanciones internacionales, la tolerancia hacia la protesta pública sigue siendo nula. El gobierno ha trazado una línea divisoria clara entre la queja silenciosa y la manifestación activa. Bajo esta lógica, cualquier individuo que tome las calles es etiquetado automáticamente como un «alborotador» vinculado a intereses extranjeros.
La estrategia de seguridad ha evolucionado hacia un control preventivo y tecnológico. Reportes de inteligencia indican que las protestas actuales han adoptado un formato de «reuniones dispersas, de corta duración y fluidas» para evadir la fuerte presencia policial. No obstante, el despliegue de vigilancia aérea y la insistencia de funcionarios como Abolfazl Shekarchi en localizar «escondites» enemigos sugieren que el Estado iraní está preparado para aplicar tácticas de combate dentro de sus propias fronteras, priorizando la estabilidad del régimen sobre la seguridad de la población civil.
