El MP acudió al Senado para tomar denuncia de Noroña contra Alito Moreno, lo que desató críticas en redes por presunto trato VIP y justicia “a domicilio”.
El arribo del Ministerio Público (MP) a la antigua sede del Senado, en Xicoténcatl, para recabar la denuncia del senador Gerardo Fernández Noroña contra Alejandro “Alito” Moreno, dirigente del PRI, detonó una intensa polémica en redes sociales.
Horas después del enfrentamiento físico que ambos protagonizaron en tribuna, personal ministerial acudió a las oficinas legislativas para tomar declaración a Noroña y a su colaborador Emiliano González, en lugar de que éstos acudieran a la Fiscalía como habían anunciado.
La decisión fue calificada por usuarios como un trato diferenciado y de privilegio hacia legisladores de alto nivel. Activistas y periodistas cuestionaron que mientras la ciudadanía común enfrenta largas filas y trabas para denunciar, los senadores reciban lo que denominaron “justicia a domicilio”.
La líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, criticó: “Los senadores tienen justicia a domicilio, mientras las madres tenemos que rascar tierra para buscarla”. La diputada Lorena Piñón señaló: “Dos México: VIP para los de Morena, otro para nosotros”.
Otros usuarios, como el periodista Luis Cárdenas, ironizaron: “¡Servicio a domicilio! El MP en el Senado”.
El origen del conflicto se remonta al miércoles, cuando, tras una discusión en la sesión legislativa, Alejandro Moreno increpó a Noroña en la tribuna. El altercado escaló a empujones, jaloneos y amenazas verbales. Durante el incidente, el colaborador de Noroña, Emiliano González, resultó herido en el brazo y cuello.
Noroña anunció denuncias penales por lesiones, amenazas y daño en propiedad ajena contra Moreno y otros legisladores del PRI, además de advertir que pedirá el desafuero de los involucrados. Por su parte, “Alito” acusó a Noroña de haber iniciado la agresión y calificó el hecho como parte de una “estrategia de Morena” para intimidar a la oposición.
La controversia sigue encendida en el ámbito político y social, mientras la Fiscalía General de la República deberá determinar el curso de las denuncias.
