Laura Fernández ganó las elecciones en Costa Rica y anunció continuidad del actual gobierno, con énfasis en seguridad, economía y una política de mano dura contra el crimen organizado.
La victoria de Laura Fernández en las elecciones presidenciales de Costa Rica confirma la permanencia del oficialismo en el poder y proyecta la continuidad del modelo impulsado por el actual mandatario, Rodrigo Chaves. En sus primeras declaraciones tras conocerse los resultados finales, la presidenta electa descartó cambios estructurales en las políticas públicas y afirmó que su gestión se basará en profundizar el rumbo trazado durante los últimos años.
Fernández, de 39 años y licenciada en Ciencias Políticas, llega a la presidencia tras ocupar cargos clave en el gobierno saliente, como ministra de la Presidencia y de Planificación y Política Económica. Su trayectoria incluye más de una década de experiencia en el sector público, principalmente en áreas vinculadas a la gestión estatal, la inversión y la cooperación internacional.
El triunfo de una figura cercana al oficialismo generó reacciones críticas desde sectores de la oposición, que advierten sobre un posible endurecimiento del estilo de gobierno. Estas preocupaciones se sustentan en los conflictos que Rodrigo Chaves mantuvo con el Congreso, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones y medios de comunicación durante su mandato, lo que algunos calificaron como señales de un rumbo autoritario.
Durante la campaña, Fernández destacó su perfil personal como madre y esposa nacida en Puntarenas, buscando proyectar cercanía con la ciudadanía. En la etapa final del proceso electoral, las encuestas la posicionaban con ventaja frente a otros 19 candidatos, con el objetivo de superar el 40 % de los votos necesarios para evitar una segunda vuelta, meta que finalmente logró.
En el plano económico, la presidenta electa atribuyó al gobierno saliente los indicadores positivos registrados entre 2024 y 2025, como el crecimiento económico, la reducción del desempleo y la baja de la deuda pública. El informe Estado de la Nación 2025 ubicó a Costa Rica como uno de los países con mayor dinamismo dentro de la OCDE, aunque también señaló retos persistentes en materia de equidad social y sostenibilidad.
La inseguridad se consolidó como uno de los temas centrales de su discurso. De acuerdo con datos del Organismo de Investigación Judicial, el 2025 fue uno de los años más violentos en la historia reciente del país, con una tasa de homicidios de 16,7 por cada 100 mil habitantes, vinculada principalmente al narcotráfico y al crimen organizado. Ante este escenario, Fernández ratificó la implementación de la estrategia “Costa Rica Segura Plus 2023-2030” y prometió una política de mano dura contra la delincuencia.
Entre las propuestas más controvertidas figura la posibilidad de suspender garantías individuales en zonas consideradas críticas para facilitar la captura de criminales, así como el fortalecimiento de penas y la finalización de una cárcel de máxima seguridad inspirada en modelos internacionales. Estas medidas generaron cuestionamientos por parte de la oposición y organizaciones civiles.
Además de la seguridad y la economía, el programa de gobierno de Laura Fernández incluye reformas en educación, sostenibilidad ambiental, modernización del Estado y fortalecimiento del sistema judicial, ejes que marcarán el inicio de una nueva administración caracterizada por la continuidad y el endurecimiento del discurso frente al crimen organizado.
