El Departamento de Justicia de EE. UU. acusó formalmente a dos ciudadanos chinos prófugos por operar una compleja red internacional de lavado de dinero para los cárteles de Sinaloa y Jalisco.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer una acusación formal presentada en el Distrito Este de Virginia contra dos ciudadanos chinos, identificados como Ruhuan Zhen y Hongce Wu. A ambos se les señala por conspiración para cometer lavado de dinero en relación directa con organizaciones criminales transnacionales, incluyendo de manera específica al Cártel de Sinaloa y al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con el expediente judicial, la investigación abarca actividades ilícitas realizadas al menos desde noviembre de 2016 y hasta abril de 2025. Durante este periodo de casi una década, Zhen, Wu y una red de cómplices utilizaron diversos métodos secretos y clandestinos para blanquear grandes cantidades de dinero procedente del narcotráfico, así como fondos encubiertos que se hacían pasar por ganancias legales en nombre de las mencionadas corporaciones delictivas mexicanas.
El modus operandi de esta organización incluía el uso de transferencias espejo, el manejo de cuentas bancarias en el extranjero y la coordinación mediante aplicaciones de comunicaciones totalmente encriptadas. Asimismo, los implicados recurrían a un sistema especializado de verificación de números de serie y al blanqueo de capitales mediante transacciones comerciales legítimas para ocultar el origen de los recursos económicos generados en las calles estadounidenses.
La conspiración financiera extendió sus ramificaciones durante años con cómplices clave que operaban de forma coordinada en Estados Unidos, México, Latinoamérica, China y otros puntos estratégicos del globo. Las investigaciones confirmaron que el capital bajo escrutinio procedía directamente de la importación y venta de estupefacientes ilícitos de alto impacto en el mercado norteamericano, tales como la cocaína y el fentanilo.
Ambos ciudadanos chinos fueron acusados formalmente el pasado 24 de abril de 2025 por un gran jurado federal constituido en Alexandría, Virginia. Pese al avance del proceso penal en su contra, las autoridades norteamericanas informaron que los presuntos operadores financieros permanecen prófugos de la justicia, por lo que se mantienen activos los mecanismos de búsqueda internacional.
En caso de ser localizados, extraditados y declarados culpables en los tribunales correspondientes, los acusados se enfrentan a una pena máxima de hasta 20 años de prisión cada uno. La sentencia definitiva la determinará un juez de un tribunal de distrito federal, tras considerar rigurosamente las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales aplicables al caso.
El anuncio oficial del caso fue realizado por el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva, perteneciente a la División Penal del Departamento de Justicia, en conjunto con la Agente Especial a Cargo Cindy Marx, de la División de Operaciones Especiales de la Administración para el Control de Drogas (DEA).
La División de Operaciones Especiales de la DEA, a través de su Unidad de Investigaciones Bilaterales, lideró las indagatorias con la asistencia de la Oficina de Inteligencia Especial de la corporación y la Unidad de Explotación de Documentos y Medios. El operativo requirió una amplia coordinación técnica e incluyó el despliegue de las oficinas de campo y residentes de la DEA en ciudades como Memphis, Lexington, Chicago, Nueva York, Washington, Charleston, Atlanta y Charlotte, además de sus sedes internacionales en Bogotá, Colombia, y Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos.
La fiscal Chelsea R. Rooney, de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomisos de la División Penal, y el fiscal federal adjunto Edgardo J. Rodríguez, del Distrito Este de Virginia, se encuentran al frente del litigio. De igual forma, las autoridades destacaron que la fiscal Caylee E. Campbell brindó una asistencia sustancial y estratégica a lo largo de toda la investigación.
