El senador morenista Enrique Inzunza solicitó licencia temporal a su cargo parlamentario en medio del escándalo por la petición de extradición del gobierno de Estados Unidos debido a presuntos vínculos delictivos.
El senador por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Enrique Inzunza Cázarez, informó de manera oficial la presentación de su solicitud de licencia para ausentarse del ejercicio de sus funciones legislativas durante el periodo de sesiones extraordinarias programado en la Cámara Alta. La separación temporal del cargo se concreta apenas 48 horas después de que trascendiera su comparecencia ante la Fiscalía General de la República (FGR), derivado de un requerimiento urgente de detención con fines de extradición emitido por el gobierno de los Estados Unidos.
A través de un pronunciamiento difundido en plataformas digitales, el legislador sinaloense confirmó que se encuentra físicamente en la Ciudad de México y que acudió a la sede del Senado de la República para desahogar trámites administrativos. No obstante, argumentó que su decisión de tramitar la licencia responde de forma directa a lo que describió como una “embestida mediática” impulsada por bloques opositores y medios de comunicación, tras la difusión de las indagatorias de agencias norteamericanas que presuntamente lo vinculan con actividades de la delincuencia organizada.
En el texto formal de la notificación, Inzunza detalló el relevo en su escaño del Congreso de la Unión:
«Estoy presentando la solicitud de licencia condigna. Será mi suplente, el arquitecto Omar López Campos, quien participe activamente dentro del pleno en las sesiones extraordinarias».
Pese al cese temporal de sus facultades de votación en la tribuna principal, el morenista aseguró que continuará brindando seguimiento estrecho a los trabajos técnicos de las comisiones ordinarias y apoyando la consolidación de los dictámenes constitucionales del bloque oficialista desde el exterior del recinto.
El contexto jurídico que motivó la licencia del senador se remonta al pasado martes 26 de mayo, cuando la FGR —bajo la conducción de la fiscal general Ernestina Godoy Ramos— citó a comparecer en calidad de testigos a ocho de diez políticos y mandos policiales del estado de Sinaloa requeridos por la justicia estadounidense, lista en la que figura el propio Enrique Inzunza y el gobernador con licencia de aquella entidad, Rubén Rocha Moya.
La carpeta de investigación abierta por el ministerio público federal busca determinar de forma soberana si existen elementos probatorios, claros e irrefutables respecto a la presunta vinculación de los servidores públicos con las estructuras del Cártel de Sinaloa. El expediente derivó de la negativa inicial del Estado mexicano de cumplimentar las capturas diplomáticas inmediatas, bajo la directriz del Poder Ejecutivo a cargo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien acusó formalmente a las autoridades de Washington de no proveer la evidencia física del caso, ordenando en su lugar el inicio de este proceso ministerial de escrutinio interno antes de autorizar cualquier trámite de extradición.
