Manuel Jurado Torres, juez penal de Parral, fue detenido en el Centro de Chihuahua por la Fiscalía Anticorrupción tras meses de cuestionamientos e investigaciones.
El juez penal Manuel Jurado Torres, adscrito al Distrito Judicial Hidalgo con sede en Hidalgo del Parral, fue detenido este jueves por agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua en pleno Centro de la capital del estado.
La intervención ocurrió en el cruce de las calles Niños Héroes y casi Venustiano Carranza, donde los agentes abordaron al juzgador para cumplimentar una orden de aprehensión en su contra. El operativo se realizó en una zona de alta circulación y ante la presencia de personas que se encontraban en el sector.
Después de ser asegurado, Jurado Torres fue trasladado a un centro penitenciario, donde permanece bajo prisión preventiva en espera de comparecer ante la autoridad judicial. Será durante la audiencia correspondiente cuando el Ministerio Público presente los datos de prueba y se determine su situación jurídica dentro del proceso penal.
La detención ocurrió horas después de que el fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela Holguín, informara que existen investigaciones contra 11 jueces y dos magistrados del Poder Judicial del Estado por posibles actos de corrupción.
El caso de Jurado Torres ya había generado un procedimiento disciplinario. El Tribunal de Disciplina Judicial de Chihuahua determinó el pasado 6 de marzo imponerle una suspensión cautelar inmediata, relacionada con su actuación en el caso de la maestra Edna Marilin Chávez Loya.
Chávez Loya murió el 2 de febrero de 2026, luego de ser atropellada presuntamente por su pareja sentimental, Juan de Dios V. M. La Fiscalía Especializada de la Mujer presentó el caso bajo la hipótesis de feminicidio y señaló al hombre como probable responsable.
En las primeras actuaciones judiciales, Jurado declaró legal la detención del imputado. Posteriormente, al resolver su situación jurídica, modificó la clasificación planteada por la Fiscalía y vinculó al acusado a proceso por homicidio imprudencial, en lugar de feminicidio.
La decisión provocó inconformidad entre familiares de la víctima, colectivos y autoridades. La Fiscalía General del Estado sostuvo que existían elementos para mantener la investigación bajo la hipótesis de feminicidio.
A esta controversia se sumaron señalamientos de familiares de Edna sobre una posible cercanía entre el juez y Juan Carlos Payán, abogado defensor del imputado. Ante el Tribunal de Disciplina Judicial se planteó un posible conflicto de interés.
Estos señalamientos forman parte de las acusaciones formuladas contra el juzgador y, por sí mismos, no representan una determinación definitiva de responsabilidad.
El 6 de marzo, el Tribunal de Disciplina Judicial impuso la suspensión cautelar inmediata mientras se investigaba la actuación de Jurado. Francisco Acosta Molina, presidente de ese órgano, explicó en su momento que se trataba de una medida cautelar adoptada por una Sala de Sustanciación y no de una resolución definitiva sobre la responsabilidad del juez.
La medida adquirió relevancia debido a que fue señalada como la primera suspensión de este tipo aplicada por el recién creado Tribunal de Disciplina Judicial.
El expediente de Edna tampoco fue el único asunto que generó cuestionamientos alrededor de las decisiones del juzgador. En febrero trascendió el caso de Julio César M. V., quien enfrentaba un proceso por delitos relacionados con una agresión sexual y violencia contra una mujer.
Según la información difundida entonces, una juzgadora había impuesto prisión preventiva al acusado en octubre de 2025. Posteriormente, Jurado intervino en una audiencia relacionada con la medida cautelar, después de la cual el imputado continuó el procedimiento en libertad.
La actuación del juez volvió a ser objeto de atención pública después de la controversia derivada del caso Edna.
El 11 de marzo, la Fiscalía Anticorrupción confirmó que había recibido una denuncia contra Jurado por su actuación dentro del expediente de Chávez Loya. Abelardo Valenzuela informó que la querella contenía señalamientos específicos relacionados con la resolución mediante la cual se modificó la clasificación jurídica del delito y anunció que el expediente sería investigado.
En mayo, el propio Manuel Jurado declaró públicamente que la investigación continuaba y manifestó que defendería su actuación jurídica en caso de que el procedimiento avanzara.
La trayectoria de Manuel Jurado
Jurado Torres llegó al cargo de juez penal de Primera Instancia del Distrito Judicial Hidalgo después de participar en la elección judicial de 2025.
De acuerdo con el currículum presentado durante el proceso de selección, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua y desarrolló buena parte de su trayectoria profesional dentro del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.
Ingresó a ese organismo en agosto de 2019 como escribiente de la Ponencia Tres. Posteriormente se desempeñó como oficial jurisdiccional de la Ponencia Uno, entre marzo de 2020 y marzo de 2024, para después incorporarse a la Secretaría General del Tribunal.
En su trayectoria reportó experiencia en la elaboración de resoluciones de juicios contenciosos administrativos y procedimientos de responsabilidades administrativas, así como en la defensa de actos ante el Poder Judicial de la Federación.
También señaló participación en trabajos relacionados con reformas legales y controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Durante la campaña correspondiente a la elección judicial buscó proyectar un perfil enfocado en la protección de los derechos humanos y el respeto a las garantías de las personas sometidas a procesos penales.
Su trayectoria electoral también registra una sanción relacionada con la fiscalización de su campaña. Documentación oficial registra una multa de mil 131 pesos con 40 centavos, determinación que fue impugnada y posteriormente confirmada.
Ahora, Manuel Jurado enfrenta un proceso penal derivado de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, además del procedimiento disciplinario relacionado con su actuación como juzgador.
Su situación jurídica será definida por la autoridad judicial durante las próximas etapas del proceso, mientras las autoridades presentan los elementos que sustentan los señalamientos formulados en su contra.
