La Fiscalía de Nuevo León desmanteló una red de trata infantil en Monterrey; varios niños fueron rescatados y llevados al albergue DIF Capullos para recibir protección.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León logró desmantelar una red de trata infantil que operaba en distintos cruceros del área metropolitana de Monterrey. La intervención se originó gracias a una denuncia ciudadana y al análisis de cámaras del sistema de videovigilancia C5, que permitieron identificar patrones de conducta sospechosos relacionados con la explotación de menores.
El operativo inició luego de que se observara a dos niñas solas en un crucero, situación que encendió las alertas de las autoridades. Tras las investigaciones preliminares, se llevó a cabo un cateo en un domicilio ubicado en la colonia 10 de Mayo, donde fueron encontrados varios menores más. La mayoría eran originarios del estado de Chiapas y se encontraban sin actas de nacimiento ni ningún documento oficial que acreditara su identidad o su relación con los adultos que los mantenían bajo su custodia.
Mariana Rodríguez, titular de la oficina AMAR a Nuevo León, informó que los menores vivían en condiciones de abandono y estaban obligados a pedir dinero en las calles para entregarlo a personas que no eran sus familiares. “Los niños estaban completamente desprotegidos, sin saber su edad y obligados a entregar el dinero a adultos sin parentesco”, señaló Rodríguez a través de sus redes sociales.
Los menores fueron trasladados al albergue DIF Capullos, donde se les brindará atención médica, psicológica y legal, además de garantizar su protección mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas, lo que generó críticas por parte de la funcionaria, quien exigió a la Fiscalía una respuesta más contundente ante este tipo de casos.
Rodríguez también hizo un llamado a las autoridades de Nuevo León y Chiapas para investigar si los menores fueron víctimas de secuestro, trata de personas o explotación infantil, y exhortó a la ciudadanía a no dar dinero a menores en la vía pública, ya que muchos de ellos podrían estar siendo manipulados por redes criminales.
Este caso vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de reforzar los mecanismos de protección a la infancia y la coordinación entre estados para prevenir delitos que afectan a los sectores más vulnerables de la población.
