La gobernadora Maru Campos declinó comparecer ante el Senado y cuestionó la autoridad moral de los legisladores que la citaron, luego de que el Departamento de Justicia de EU acusara al senador Enrique Inzunza de vínculos con el Cártel de Sinaloa.
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, rechazó la validez del citatorio emitido por las comisiones de Puntos Constitucionales y Seguridad del Senado de la República, y lo hizo con un argumento contundente: quienes promovieron su comparecencia se encuentran bajo investigación del Gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
La mandataria declinó participar en la mesa de trabajo programada para esta semana y explicó públicamente su postura. «¿Cómo iba yo a ir a comparecer con una reunión de trabajadores del Senado? Quienes iban a hacer a la gobernadora de Chihuahua comparecer están en esta lista roja», declaró, haciendo referencia directa al senador sinaloense Enrique Inzunza Cázarez y a otros políticos de esa entidad señalados por autoridades estadounidenses.
El trasfondo del citatorio tiene su origen en el operativo realizado entre el 16 y 19 de abril en la Sierra Tarahumara, durante el cual se desmanteló un narcolaboratorio con la participación de agentes estadounidenses. Los senadores de Morena cuestionaron esa presencia y acusaron a la gobernadora de vulnerar la soberanía nacional y ocultar información que, a su juicio, comprometía la seguridad del país. Campos Galván respondió que la investigación en Chihuahua continuará de manera autónoma a través de una Unidad Especializada, sin que ello implique ninguna violación constitucional.
El contraste más llamativo del episodio recae sobre el propio Inzunza. El mismo día en que el senador exigía desde tribuna sanciones para la gobernadora y calificaba como «nulas e ilegales» las investigaciones estatales de Chihuahua, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo incluyó en una lista de diez funcionarios sinaloenses acusados de conspirar con el Cártel de Sinaloa para traficar fentanilo y armas, en un proceso formal abierto en Nueva York.
Maru Campos no dejó pasar el momento. Aprovechó el anuncio de los cargos para invalidar la presión legislativa y señalar que las críticas en su contra funcionaban como una cortina de humo para desviar la atención de los vínculos criminales que hoy pesan sobre figuras del oficialismo. La gobernadora sugirió que no existe autoridad moral suficiente para cuestionar el actuar de Chihuahua desde una tribuna ocupada por legisladores con señalamientos de esta naturaleza.
El enfrentamiento entre la gobernadora chihuahuense y el bloque de Morena en el Senado entra así en una nueva fase, marcada por la ironía política de que quienes exigían transparencia son ahora quienes enfrentan acusaciones formales ante la justicia estadounidense.
