El informe Estructuras del Silencio de Artículo 19 documenta que México fue en 2025 el país más peligroso para el periodismo en América Latina, con siete asesinatos, una desaparición y 451 agresiones registradas en un contexto de impunidad estructural.
México se mantuvo en 2025 como el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina, de acuerdo con el informe Estructuras del Silencio elaborado por la organización Artículo 19. El documento, que analiza censura, opacidad y vigilancia contra la prensa durante ese año, advierte que informar sigue implicando riesgos extremos para periodistas y medios en un contexto marcado por violencia letal, impunidad y el uso de mecanismos institucionales como herramientas de presión y censura.
Durante 2025, la organización documentó siete asesinatos de periodistas, una desaparición forzada y 451 agresiones, lo que coloca a México en el primer lugar regional en violencia letal contra la prensa. El país integra, junto con Guatemala y Honduras, un bloque que sumó 12 homicidios de comunicadores en el año, evidenciando una crisis extendida en la región. Desde el año 2000, al menos 176 periodistas han sido asesinados en México por posibles vínculos con su labor periodística, mientras que 32 permanecen desaparecidos. Solo en 2025 se registraron además ocho intentos de asesinato.
El informe subraya que las agresiones no son hechos aislados sino parte de un patrón estructural sostenido. De las 451 agresiones documentadas, 199 correspondieron a ambiente hostil, 151 a abuso del poder público y 53 a violencia física y ataques directos. Las amenazas se mantienen como uno de los mecanismos más frecuentes con 112 casos registrados, lo que equivale a que en México un periodista es amenazado cada cuatro días. A esto se suman 65 casos de estigmatización, de los cuales el 60 por ciento provino de autoridades o actores políticos, discursos que el informe señala como potenciales detonantes de agresiones en contextos de violencia.
Artículo 19 también documenta el uso del aparato institucional como forma de censura. Durante 2025, 67 periodistas y medios enfrentaron procesos legales: 29 electorales, 17 penales, 13 civiles y ocho administrativos. En 49 de esos casos, equivalentes al 73 por ciento del total, las acciones fueron promovidas por funcionarios o actores políticos. El informe señala que el objetivo de estos procesos no es necesariamente ganar el litigio, sino castigar a través del proceso mismo, convirtiendo al sistema de justicia en una herramienta para inhibir el ejercicio periodístico.
En materia de acceso a la información, el documento detectó un patrón preocupante en las respuestas a solicitudes oficiales: el 32 por ciento fueron incompletas, el 53.3 por ciento indicaron inexistencia de información y el 84 por ciento de los encuestados identificaron prácticas reiteradas de opacidad. La instancia Transparencia para el Pueblo desechó cerca del 99.6 por ciento de los recursos de revisión en sus primeros meses de operación. En el ámbito digital se documentaron 17 casos de censura en línea mediante eliminación o restricción de contenidos periodísticos.
A nivel territorial, Ciudad de México, Puebla y Veracruz concentraron el mayor número de agresiones con 84, 39 y 34 casos respectivamente. En entidades con menor registro, como Sinaloa, el informe advierte posibles escenarios de autocensura. Se documentaron además al menos dos casos de desplazamiento forzado interno de periodistas en Michoacán, con consecuencias personales, económicas y psicológicas para los afectados.
