El exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, explicó que la ley electoral sí contempla la cancelación del registro de un partido por violaciones graves y sistemáticas, pero advirtió que ese supuesto nunca ha prosperado en México.
El escándalo político que rodea al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y los señalamientos del gobierno de Estados Unidos sobre presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa han abierto un nuevo frente de debate: ¿puede Morena perder su registro como partido político nacional a raíz de estos hechos? El exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, respondió a esa pregunta con un análisis puntual de lo que establece la legislación electoral mexicana.
Córdova confirmó que el sustento legal existe. La normativa electoral prevé la cancelación del registro de un partido cuando se acredita una violación grave, reiterada y sistemática de las reglas electorales. Sin embargo, fue enfático al señalar que en México ese supuesto nunca ha prosperado. Históricamente, las pérdidas de registro han ocurrido únicamente cuando un partido no alcanza el mínimo de votación requerido en las urnas. El exconsejero lo resumió con claridad: el voto ciudadano ha sido la vía mediante la cual los partidos ganan o pierden su registro en el país.
La legislación electoral contempla tres causales principales para cancelar el registro de un partido político nacional. La primera y más común es no obtener al menos el tres por ciento de la votación válida emitida en elecciones federales. La segunda establece que un partido debe mantener un número mínimo de afiliados equivalente al 0.26 por ciento del padrón electoral, lo que actualmente representa alrededor de 260 mil militantes, según estimó el propio Córdova. La tercera causal implica incumplimientos reiterados y graves a la legislación electoral, pero con una condición determinante: la autoridad tendría que acreditar un modus operandi permanente y no únicamente hechos aislados o circunstanciales.
El exconsejero recordó que el antecedente más cercano a una situación similar ocurrió en 2015, cuando distintos actores políticos solicitaron retirar el registro al Partido Verde Ecologista de México por violaciones sistemáticas relacionadas con propaganda en radio, televisión y redes sociales durante la veda electoral. En ese caso, el procedimiento no prosperó. Córdova explicó que uno de los argumentos centrales fue que perder el registro significa literalmente desconocer el derecho de afiliación de millones de ciudadanos, una consecuencia de enorme peso político y jurídico.
Sobre el escenario actual, el exconsejero precisó que el INE tendría la obligación de investigar cualquier denuncia formal presentada contra un partido, lo que incluiría recopilar pruebas y eventualmente solicitar información a fiscalías o autoridades penales. No obstante, advirtió que uno de los obstáculos principales sería determinar si las fiscalías estarían dispuestas a entregar información sensible al órgano electoral. También dejó en claro que, al tratarse de un partido de alcance nacional, una eventual pérdida de registro afectaría a Morena en todo el territorio del país y no únicamente en el estado de Sinaloa.
Córdova cerró su análisis con una postura que equilibra lo jurídico con lo democrático: aunque la puerta legal existe, en una democracia debe privilegiarse la decisión ciudadana a través del voto por encima de las sanciones administrativas. Son las ciudadanas y ciudadanos quienes, en última instancia, dan o quitan el registro a los partidos mediante las urnas.
