La FGR localizó a Rubén Rocha Moya pero aún no lo ha citado a declarar, mientras unifica tres carpetas que lo vinculan con el Cártel de Sinaloa. Fuentes de inteligencia revelan vigilancia aérea permanente sobre el Palacio de Gobierno de Culiacán.
La Fiscalía General de la República conoce el paradero del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pero hasta el momento no lo ha citado formalmente a declarar, según reveló La Jornada. En paralelo, el Ministerio Público Federal tomó una decisión de peso en el avance de las investigaciones: unificar en un solo expediente tres carpetas que hasta ahora corrían de forma independiente y que vinculan al gobernador sinaloense con el Cártel de Sinaloa.
Las tres indagatorias integradas en ese expediente único involucran el secuestro de Ismael El Mayo Zambada, el homicidio del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, y presuntas irregularidades electorales en Sinaloa durante 2021. La consolidación de los casos representa un avance significativo en la estrategia procesal de la FGR, que también ha solicitado al gobierno de Estados Unidos las pruebas que obran en su poder y analiza la procedencia de tramitar una detención provisional con fines de extradición.
Mientras las investigaciones avanzan en el plano jurídico, un reporte de inteligencia de fuentes norteamericanas obtenido por la revista Proceso describe un operativo de vigilancia aérea sin precedentes sobre el Palacio de Gobierno de Culiacán, donde Rocha Moya se encontraría resguardado. Según el documento, fechado el 11 de mayo, un helicóptero tipo Little Bird, utilizado en operaciones especiales por fuerzas estadounidenses, y al menos seis drones de gran tamaño realizan sobrevuelos constantes sobre el recinto, con mayor intensidad en horarios nocturnos. El reporte califica el esquema como vigilancia estratégica y disuasión aérea permanente, una categoría que implica no solo monitoreo sino capacidad de intervención inmediata. El mismo documento señala que Rocha Moya presentaría una afección respiratoria derivada de un debilitamiento inmunológico.
En el entorno del gobernador con licencia también se registran movimientos significativos. Enrique Inzunza Cázarez, figura clave del poder local sinaloense, habría sido ubicado en Badiraguato en una vivienda con características de resguardo reforzado, mientras miembros de su familia habrían modificado abruptamente sus rutinas habituales, según reporta Proceso.
El hilo central que conecta los expedientes apunta a una reunión acordada para julio de 2024 en la que habrían participado El Mayo Zambada, el exrector Cuén Ojeda y Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo. Rocha Moya no se presentó. En ese encuentro, Cuén Ojeda fue asesinado y El Mayo fue secuestrado y posteriormente entregado a autoridades estadounidenses. Los diez exfuncionarios sinaloenses señalados por el gobierno de Estados Unidos, entre ellos Rocha Moya, son acusados de haber recibido sobornos de la facción de Iván Archivaldo Guzmán Salazar.
En otro frente relacionado, Argentina resolvió no expulsar al contralmirante Fernando Farías Laguna, por lo que México inició formalmente el proceso de extradición. El gobierno mexicano tiene hasta el 21 de junio para formalizar la solicitud. La FGR fue enfática al señalar que los hermanos Farías Laguna no son chivos expiatorios y que existen pruebas suficientes para juzgarlos en territorio nacional.
Sobre el caso de los agentes de la CIA en Chihuahua, la FGR reportó que 40 de los 43 participantes en el operativo donde murieron dos ciudadanos estadounidenses que actuaron sin autorización del gobierno federal ya han comparecido a declarar. Hasta el momento, ni la gobernadora María Eugenia Campos ni el exfiscal César Jáuregui Moreno han sido citados a rendir declaración.
