La Fiscalía de Michoacán investiga los daños en Palacio de Gobierno tras protestas por el asesinato del alcalde Carlos Manzo. Ocho personas fueron detenidas y permanecen bajo resguardo.
La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) inició una investigación formal por los daños ocasionados en el Palacio de Gobierno, en el centro de Morelia, durante las manifestaciones que se desarrollaron tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre en plena celebración del Día de Muertos.
De acuerdo con el comunicado emitido por la dependencia, la Fiscalía Regional recibió el reporte de la entrada de un grupo de manifestantes a las instalaciones gubernamentales, donde se registraron afectaciones en 16 áreas, incluida la puerta principal del recinto.
Peritos especializados se desplazaron al sitio para realizar las diligencias correspondientes, entre ellas fotografía forense, levantamiento de evidencias e inventario de daños. Además, permanecerán en el inmueble para determinar el valor económico de los destrozos y seguir el protocolo establecido en este tipo de investigaciones.
Ocho detenidos por los hechos
Como resultado de los disturbios, ocho personas fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público. Los implicados fueron identificados como Mario Emmanuel “N”, Raúl “N”, Juan Carlos “N”, Pedro Rodrigo “N”, Mauricio “N”, Nidia Georgina “N”, Kitzia Jahari “N” y Alma “N”.
Los detenidos se encuentran bajo resguardo mientras se define su situación jurídica dentro del plazo legal correspondiente.
Protestas por justicia
El asesinato del alcalde Carlos Manzo desató una ola de indignación y protestas en varias ciudades de Michoacán. Durante su funeral en la plaza principal de Uruapan, cientos de personas se reunieron para rendir homenaje al edil independiente, exigiendo justicia entre consignas, música de mariachi y pancartas con mensajes como “México está de luto” y “¡Justicia para Manzo!”.
Las manifestaciones se trasladaron posteriormente a Morelia, donde algunos participantes ingresaron al Palacio de Gobierno provocando destrozos materiales, lo que derivó en la apertura de la carpeta de investigación. Desde entonces, la sede administrativa se encuentra bajo vigilancia reforzada.
Contexto del crimen
Carlos Manzo, alcalde de Uruapan desde septiembre de 2024, se caracterizaba por enfrentar de manera directa al crimen organizado. Patrullaba personalmente las calles con chaleco antibalas y denunciaba la falta de seguridad en la región. En septiembre, advirtió públicamente que su vida corría peligro:
“Estamos expuestos todos, inclusive mi propia vida como presidente municipal. No queremos ser un alcalde asesinado más”, había declarado.
Su asesinato, ocurrido durante el Festival de las Velas, conmocionó a la opinión pública. La presidenta Claudia Sheinbaum condenó el crimen y prometió que no habrá impunidad, afirmando que su gobierno reforzará la estrategia nacional de seguridad.
Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que Manzo contaba con protección federal a través de la Guardia Nacional desde diciembre pasado, reforzada en mayo con 14 elementos adicionales encargados de su seguridad periférica. Aun así, las autoridades no han descartado ninguna línea de investigación.
Escenario de violencia en Michoacán
Michoacán continúa siendo una de las entidades más afectadas por la violencia del crimen organizado. En su territorio operan el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Nueva Familia Michoacana, ambos designados en 2025 como “organizaciones terroristas extranjeras” por el gobierno estadounidense.
La crisis de seguridad ha escalado en los últimos meses. Días antes del asesinato de Manzo, el líder limonero Bernardo Bravo fue ejecutado tras denunciar extorsiones y amenazas contra productores agrícolas. Estos hechos han incrementado la presión social sobre las autoridades locales y federales, que se comprometieron a mantener operativos de vigilancia y reforzar la seguridad en zonas estratégicas del estado.
El gobierno de Michoacán aseguró que se garantizará el derecho a la protesta, pero sin tolerar actos vandálicos o agresiones contra inmuebles públicos. Las investigaciones por los daños al Palacio de Gobierno continúan, mientras la sociedad exige resultados y justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan.
