El Movimiento del Sombrero presentó la Ley Manzo en Michoacán, una propuesta con diez iniciativas que busca endurecer penas, sancionar delitos graves y reforzar la seguridad de alcaldes amenazados.
El Movimiento del Sombrero presentó esta semana ante el Congreso del Estado de Michoacán la denominada Ley Manzo, un paquete de diez iniciativas que busca fortalecer la seguridad, endurecer penas por delitos graves y brindar mayor protección a presidentas y presidentes municipales.
La propuesta surge con el objetivo de honrar la memoria de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado el pasado 1 de noviembre, y plantea modificaciones en materia penal, de seguridad pública y de participación política, ante el contexto de violencia que enfrenta la entidad.
Entre los principales puntos, la Ley Manzo propone que los alcaldes que acrediten amenazas del crimen organizado cuenten con protección federal, especialmente en municipios considerados de alto riesgo. También contempla facilitar los trámites para ejercer la legítima defensa, al solicitar que la Secretaría de la Defensa Nacional simplifique los procedimientos para la posesión legal de un arma en el domicilio.
Otra de las iniciativas plantea sancionar delitos graves —como homicidio, feminicidio, secuestro, violación y delincuencia organizada— de manera proporcional al daño causado, sin considerar la edad del responsable, además de que los padres o tutores respondan con la reparación del daño cuando los responsables sean menores.
Asimismo, se propone tipificar el homicidio de presidentas y presidentes municipales con penas de 35 a 65 años de prisión en el estado. También se busca fomentar las candidaturas independientes, otorgando más tiempo para reunir financiamiento y respaldo ciudadano.
En materia de procuración de justicia, la Ley Manzo plantea que la Fiscalía General del Estado rinda informes públicos mensuales sobre los avances en las investigaciones por homicidios de alcaldes, con el objetivo de evitar el rezago o archivo de carpetas.
El paquete incluye además el aumento de penas por falsificar o utilizar insignias, uniformes o vehículos oficiales, estableciendo de 15 a 25 años de prisión para quienes fabriquen o distribuyan estos artículos de manera ilegal, y de 25 a 40 años para quienes los utilicen para cometer delitos.
Finalmente, se propone castigar con penas de 10 a 20 años de prisión a familiares que encubran a delincuentes, al considerar que ocultar a un responsable constituye participación en el delito.
Las iniciativas serán analizadas por el Congreso de Michoacán, donde se determinará su viabilidad legal y el inicio del proceso legislativo correspondiente.
