El Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito revocó el amparo que mantenía libre al propietario del crematorio Plenitud, donde se hallaron 386 cuerpos en condiciones inhumanas en junio de 2025, abriendo la vía para su recaptura.
El Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito en Ciudad Juárez revocó el amparo que mantenía en libertad a José Luis A. C., propietario del crematorio Plenitud, en un fallo que representa un giro determinante en uno de los casos de negligencia y fraude funerario más impactantes de la historia reciente en la frontera. Con esta resolución se revierte el auto de no vinculación a proceso emitido en febrero pasado, abriendo la vía para que el empresario sea recapturado y se le imponga nuevamente la medida cautelar de prisión preventiva.
La resolución fue el resultado del análisis del recurso de revisión 94/2026, presentado por el magistrado Víctor Alfonso Sandoval Franco y aprobado por el pleno del tribunal, integrado además por la magistrada presidenta María Guadalupe Contreras Jurado y el magistrado Martín Fernando García. Al revocarse el amparo 746/2025, la justicia federal determina que el proceso penal debe continuar bajo los cargos originales de ocultamiento y conservación ilícita de cadáveres, así como fraude, descartando el criterio inicial de que las irregularidades eran de carácter meramente administrativo.
El caso había estallado en junio de 2025, cuando autoridades estatales intervinieron el crematorio Plenitud, ubicado sobre la carretera Panamericana, y encontraron 386 cadáveres embalsamados y apilados en condiciones inhumanas dentro de las instalaciones. Las familias que habían contratado los servicios del crematorio creían que sus seres queridos habían sido incinerados, cuando en realidad los cuerpos permanecían acumulados en el establecimiento. La investigación reveló además que en algunos casos las urnas entregadas a los deudos contenían presuntamente cenizas falsas, basura o escombro en lugar de restos humanos.
El pasado 14 de febrero de 2026, José Luis A. C. había salido del Cereso No. 3 luego de que un juez federal considerara inicialmente que las irregularidades no constituían delitos penales. Tras obtener su libertad, se reportó que el imputado, quien posee ciudadanía estadounidense, habría salido del país, lo que complica la ejecución de la nueva orden de reaprehensión. La Fiscalía General del Estado deberá coordinarse con autoridades federales e internacionales para localizarlo y retomar su custodia.
Hasta la fecha, la Fiscalía ha logrado identificar aproximadamente 191 de los 386 cuerpos hallados, la gran mayoría de los cuales ya han sido entregados a sus familias para recibir una sepultura digna. Abogados y colectivos de familias afectadas celebraron el fallo del tribunal, señalando que la acumulación de cadáveres y el engaño sistemático a los deudos constituyen un dolo evidente que no puede quedar impune.
