Tras recibir amenazas en Tijuana, la influencer Yeri Mua recibió el respaldo de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, quien ofreció protección y pidió investigar el caso ante la Fiscalía.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, ofreció protección a la influencer y creadora de contenido Yeri Mua, luego de que ésta denunciara públicamente haber recibido amenazas de muerte previas a una presentación programada en la ciudad de Tijuana.
Durante un evento oficial, Nahle fue cuestionada sobre el caso y respondió de forma clara: “Se la damos, sí, por supuesto. Es una gran artista”, expresó en referencia a la solicitud de seguridad para la joven veracruzana, quien en días recientes ha sido blanco de intimidaciones a través de presuntas narcomantas colocadas en esa ciudad fronteriza.
Las amenazas surgieron el pasado 30 de agosto, cuando aparecieron mensajes advirtiendo a Yeri Mua que cancelara su participación en un evento previsto para el 14 de septiembre en Tijuana. Los textos también lanzaban advertencias a su familia, situación que encendió las alarmas tanto en redes sociales como entre sus seguidores.
En respuesta, la influencer agradeció el respaldo de la mandataria estatal y de los medios de comunicación que han dado cobertura al caso. “Gracias a la gobernadora de Veracruz y a los medios que me han ayudado con la difusión”, declaró en sus plataformas digitales.
Yeri Mua también responsabilizó directamente a otro creador de contenido, conocido como “Lonche”, y a sus seguidores, a quienes acusó de incitar el clima de hostilidad que podría estar relacionado con las amenazas. “Yo hago responsable a Lonche y a sus fanáticos por cualquier cosa que me llegue a pasar a mí o a cualquier persona alrededor de mí”, afirmó.
A pesar de los riesgos, la influencer confirmó que no cancelará su presentación en Tijuana y pidió que la Fiscalía General del Estado investigue los hechos para garantizar su seguridad y la de su equipo. “No voy a cancelar el evento, voy a estar en Tijuana y pido que me apoyen para que la Fiscalía investigue”, sentenció.
El caso ha reavivado el debate sobre la seguridad de figuras públicas y creadores de contenido digital, así como la responsabilidad de las autoridades para actuar frente a amenazas que comprometen la libertad de expresión y la integridad de cualquier ciudadano.