La diputada Edith Palma propone una reforma que endurece sanciones por provocar incendios forestales en la Sierra Tarahumara, con multas de hasta 7.9 millones de pesos y cárcel.
Con el objetivo de fortalecer la protección ambiental en el estado, la diputada Edith Palma Ontiveros, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para aumentar las sanciones a quienes provoquen incendios forestales, particularmente en los municipios de la Sierra Tarahumara.
Durante la más reciente sesión ordinaria del Congreso del Estado de Chihuahua, celebrada este jueves, la legisladora propuso reformas al Código Penal del Estado, la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley Estatal de Educación, a través de una iniciativa con carácter de decreto.
Según datos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), de enero al 18 de septiembre de este año se han registrado 595 incendios forestales en Chihuahua, afectando más de 203 mil hectáreas de superficie, con daños relevantes en zonas como Madera y el Área Natural Protegida de Tutuaca.
Tutuaca es un ecosistema de alto valor ecológico. De acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), en esta región habitan especies como el oso negro americano, la cotorra serrana occidental, el águila real, además de especies vegetales con más de dos siglos de antigüedad. También destacan ejemplares como el pinabete espinoso, ardillón de la Sierra Madre, cascabel de cola negra y diversas cactáceas endémicas.
La legisladora señaló que al menos el 24.5% de estos siniestros han sido provocados de manera intencional, en su mayoría ligados a prácticas agrícolas no reguladas. Por ello, la propuesta plantea reformar el Artículo 360 Bis del Código Penal del Estado para establecer sanciones de hasta 60 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a más de 7 millones 900 mil pesos, además de entre dos y seis años de prisión.
Asimismo, la iniciativa contempla incluir la figura de responsabilidad imprudencial, con penas de seis meses a dos años de cárcel para quienes, sin intención directa, provoquen daño ambiental. En este caso, la multa económica sería equivalente a la mitad del monto anterior, conforme a lo establecido en la reforma al Artículo 53 de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable.
Además, se busca modificar el Artículo 76 de la Ley Estatal de Educación para establecer la obligatoriedad de que, en zonas forestales, el servicio social universitario incluya capacitación y acciones para generar conciencia sobre la prevención de incendios.
La iniciativa será turnada a Comisiones para su análisis y eventual dictamen. De ser aprobada, pasará al Pleno del Congreso para su votación. Si obtiene mayoría, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
