Senado critica informe de la ONU sobre México por desapariciones forzadas y acusa posible injerencia; el Gobierno afirma que el documento omite avances recientes e información actualizada.
La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, cuestionó el informe emitido por el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas sobre la situación de México, al considerar que carece de rigor suficiente y podría abrir espacio a interpretaciones externas que no contribuyen a la cooperación institucional.
A través de un posicionamiento difundido en redes sociales y retomado por el área de comunicación del Senado, la legisladora sostuvo que el propio Comité reconoció no haber encontrado indicios de una política de Estado en torno a este delito, por lo que consideró que el enfoque del documento no refleja de manera integral la realidad del país ni los avances recientes reportados por el Gobierno federal.
En el mismo sentido, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velazco, calificó el informe como “inaceptable, tendencioso e injerencista”, luego de que el Comité solicitara al Secretario General de la ONU remitir el caso a la Asamblea General para su seguimiento. El legislador cuestionó además la actuación del organismo frente a otros conflictos internacionales, al señalar una supuesta falta de congruencia en sus posicionamientos.
La reacción del Senado se dio luego de que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU informara el pasado 2 de abril que activó el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, al considerar que la situación en México amerita ser examinada por la Asamblea General. El Comité señaló que esta decisión busca mantener atención internacional sobre el fenómeno y solicitar información adicional al Estado mexicano.
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación rechazaron formalmente el documento, al sostener que presenta omisiones sobre avances institucionales y no incorpora información reciente entregada por el Gobierno mexicano. En un comunicado conjunto, ambas dependencias afirmaron que el informe es parcial y no refleja las acciones emprendidas desde 2018 para fortalecer las capacidades del Estado frente a las desapariciones.
Las dependencias también reiteraron que México no tolera ni promueve desapariciones forzadas como política de Estado y subrayaron que en los últimos años se han impulsado reformas legales, mecanismos de búsqueda y ajustes institucionales orientados a la atención de víctimas y al combate de este delito. Asimismo, señalaron que el país mantendrá su disposición a la cooperación internacional, siempre que esta se base en información actualizada y en un análisis integral del contexto nacional.
El pronunciamiento ha reavivado el debate sobre el papel de los organismos internacionales en la supervisión de derechos humanos en México, particularmente en un tema tan sensible como las desapariciones, donde persiste una amplia exigencia social de verdad, justicia y resultados efectivos.
