Sheinbaum responsabilizó al gobierno de Chihuahua por haber gestionado la colaboración con agencias de EU sin notificar al gobierno federal, señalando una posible violación a la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, y pidió cuentas públicas a Maru Campos y al fiscal Jáuregui.
La presidenta Claudia Sheinbaum elevó el tono en el caso de los agentes estadounidenses fallecidos en Chihuahua y colocó la responsabilidad directamente en el gobierno estatal. Desde La Mañanera del Pueblo, la mandataria pidió a la gobernadora María Eugenia Campos y al fiscal estatal César Jáuregui que expliquen públicamente bajo qué condiciones solicitaron la colaboración de agencias de Estados Unidos en operativos de seguridad, señalando que dicha actuación habría violado la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.
«La falta es de ellos de pedir la colaboración… eso está en contra de la Constitución y de la Ley de Seguridad», sentenció Sheinbaum, quien subrayó que la principal responsabilidad recae en las autoridades chihuahuenses por haber gestionado directamente la participación de funcionarios extranjeros sin notificar al gobierno federal, como lo exige el marco legal vigente. La mandataria reveló además que existen declaraciones previas del secretario de Seguridad de Chihuahua en las que reconoce colaboración con agencias estadounidenses, lo que refuerza la hipótesis de que dicha coordinación se realizó al margen de los protocolos federales establecidos.
Sheinbaum fue categórica en señalar que cualquier cooperación en materia de seguridad con gobiernos extranjeros debe pasar obligatoriamente por la Secretaría de Relaciones Exteriores y ser analizada en el Gabinete de Seguridad o el Consejo Nacional de Seguridad, por tratarse de un asunto de soberanía nacional que no puede gestionarse de manera unilateral por ninguna entidad federativa.
Como consecuencia directa del caso, la presidenta instruyó emitir un comunicado dirigido a los 32 gobiernos estatales del país para recordarles los lineamientos legales que rigen la colaboración internacional en materia de seguridad, particularmente con Estados Unidos, con el objetivo de evitar que situaciones similares se repitan fuera del marco institucional.
Aunque evitó adelantar sanciones concretas, Sheinbaum fue enfática en que tanto la gobernadora como el fiscal deben rendir cuentas públicas ante la ciudadanía. «Ellos juraron cumplir la Constitución. No es a debate, es una obligación», afirmó, dejando claro que el asunto no se resolverá con explicaciones a puerta cerrada sino con transparencia ante la opinión pública.
