Entre 2018 y 2025 se abrieron 279 expedientes contra gasolineras; sólo 21 derivaron en sanciones firmes, mientras 258 casos siguen sin resolución definitiva.
Entre enero de 2018 y octubre de 2025, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) abrió 279 expedientes en el estado contra estaciones de servicio por diversas irregularidades, como despachar litros incompletos, presentar fugas, exceder el margen de error permitido o negarse a las verificaciones oficiales. Sin embargo, de ese total únicamente 21 casos han concluido con sanciones firmes, equivalentes a un monto acumulado de ocho millones 117 mil pesos, mientras que el 92% de los procedimientos, es decir, 258, permanece sin resolución definitiva.
Información oficial de la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles indica que desde diciembre de 2020 no se ha registrado ninguna nueva sanción que haya causado estado en la entidad. La última multa firme fue impuesta el 4 de diciembre de ese año a la empresa Distribuidora Gasomex, S.A. de C.V., por fallas en el suministro de energía.
En 2018 se aplicaron siete sanciones por poco más de 2.5 millones de pesos; en 2019 fueron nueve multas que sumaron más de tres millones, y en 2020 únicamente cinco estaciones fueron castigadas, con sanciones por alrededor de 2.4 millones de pesos.
Las multas más elevadas corresponden a Distribuidora Gasomex, tanto por una sanción individual de 789 mil pesos por exceder el error máximo tolerado en despachadoras, como por el mayor monto acumulado, que supera el millón 480 mil pesos. Le siguen Pronto Gas, con más de un millón 170 mil pesos, y estaciones ubicadas en Parral, Saucillo y Chihuahua capital.
Las principales causas de sanción fueron la negativa a la verificación, que generó multas por más de dos millones de pesos en cinco estaciones, y el despacho fuera del margen permitido, con sanciones conjuntas cercanas a los 1.9 millones de pesos.
En cuanto a la distribución geográfica, el municipio de Chihuahua concentra casi la mitad de las gasolineras sancionadas y el mayor monto económico, con más de 3.5 millones de pesos. Le siguen Juárez, Cuauhtémoc, Saucillo y Parral.
Respecto a los 258 expedientes restantes, Profeco decretó la reserva de información al considerar que se trata de procedimientos aún no firmes, cuyo estado de divulgación podría afectar el debido proceso y la presunción de inocencia de las empresas involucradas. La dependencia argumentó que los establecimientos se encuentran ejerciendo su derecho a un recurso judicial efectivo.
La autoridad sostuvo que hacer pública esta información en esta etapa podría generar un daño desproporcionado y afectar la conducción de las inspecciones, por lo que, con base en la Ley Federal de Protección al Consumidor y criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, únicamente se transparentan los casos que ya agotaron todas las instancias legales.
