Maru Campos rechazó cualquier intervención militar extranjera en México y advirtió que la impunidad del crimen organizado representa una amenaza para la soberanía y la economía nacional.
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, fijó la postura de su administración respecto a las recientes discusiones entre México y Estados Unidos relacionadas con la seguridad fronteriza, el combate al crimen organizado y el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en un contexto internacional marcado por la celebración de la Copa Mundial de la FIFA.
Durante su pronunciamiento, la mandataria estatal manifestó un rechazo categórico a cualquier posibilidad de intervención militar extranjera en territorio mexicano. Como titular de una entidad fronteriza, señaló que la defensa de la soberanía nacional y de la integridad territorial del país es un principio irrenunciable, por lo que se mostró totalmente en desacuerdo con cualquier acción unilateral que implique el ingreso de fuerzas armadas de otro país a México.
No obstante, Campos Galván sostuvo que las tensiones diplomáticas surgidas recientemente en torno al combate a los cárteles del narcotráfico no son producto de la casualidad. En ese sentido, consideró que los planteamientos realizados desde Estados Unidos sobre posibles acciones más contundentes contra las organizaciones criminales tienen su origen en problemas de impunidad que persisten dentro del país.
La gobernadora hizo referencia a las discusiones generadas por declaraciones provenientes del gobierno estadounidense respecto a la posibilidad de replantear la relación comercial en el marco del T-MEC e incluso endurecer las estrategias de combate al crimen organizado. Ante ello, insistió en que la respuesta debe centrarse en el fortalecimiento institucional y en el combate efectivo a la delincuencia desde el ámbito nacional.
Asimismo, destacó la importancia estratégica que representa el T-MEC para la economía mexicana y particularmente para los estados fronterizos. Señaló que una eventual afectación o pérdida del acuerdo comercial tendría consecuencias significativas para millones de trabajadores, empresas y familias que dependen de la actividad económica derivada del intercambio comercial entre los tres países.
Campos Galván advirtió que la estabilidad económica de numerosas regiones del país está estrechamente vinculada al funcionamiento del tratado, por lo que cualquier escenario de incertidumbre podría generar impactos negativos en el empleo, la inversión y las cadenas productivas.
La mandataria enfatizó que la principal amenaza para la soberanía nacional no radica únicamente en las presiones externas, sino en permitir que las organizaciones criminales amplíen su influencia en determinadas regiones del país. En este sentido, subrayó que el verdadero daño a la nación ocurre cuando el control de los territorios y de las actividades económicas es desplazado de las instituciones hacia grupos delictivos.
Finalmente, reiteró la necesidad de fortalecer las corporaciones de seguridad y los sistemas de procuración de justicia para enfrentar los desafíos que representan las organizaciones criminales, al tiempo que defendió la importancia de preservar la soberanía nacional y mantener la estabilidad económica que brinda la relación comercial con Estados Unidos y Canadá.
