La FGR aseguró más de 66 mil vapeadores en Chihuahua tras ampliar una investigación iniciada por un decomiso previo. El cargamento tendría un valor estimado de hasta 45 millones de pesos.
Una investigación encabezada por la Fiscalía General de la República derivó en el aseguramiento de más de 66 mil vapeadores de origen chino en la ciudad de Chihuahua, en un operativo que apunta a una presunta red de distribución de estos productos y cuyo valor comercial podría alcanzar entre 40 y 45 millones de pesos.
El caso surgió después de un decomiso realizado la semana pasada por elementos de la Policía Estatal, quienes localizaron alrededor de seis mil vapeadores durante una intervención en la colonia Panamericana. A partir de ese aseguramiento, agentes federales ampliaron las investigaciones para rastrear el origen y destino de la mercancía.
De acuerdo con la información difundida, la Agencia de Investigación Criminal de la FGR siguió diversas líneas de indagación derivadas de la consignación inicial, lo que permitió obtener una orden de cateo para un inmueble ubicado en la colonia Campo Bello.
Durante la intervención fueron localizados más de 66 mil vapeadores almacenados en una vivienda, cantidad que supera ampliamente el decomiso original y que evidencia una operación de distribución de mayor alcance.
Las autoridades consideran que el hallazgo podría estar relacionado con una estructura organizada dedicada a la importación, almacenamiento y comercialización de estos dispositivos, cuya venta enfrenta restricciones legales en México.
El aseguramiento también refleja una coordinación entre corporaciones estatales y federales para dar seguimiento a los indicios obtenidos en la primera intervención, con el objetivo de identificar a los responsables detrás de la operación.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre nuevas detenciones derivadas del cateo ni sobre la identidad de posibles involucrados. Sin embargo, las investigaciones continúan para determinar la procedencia de la mercancía, las rutas de distribución y los beneficiarios económicos de la actividad.
Las indagatorias buscan además establecer posibles vínculos con redes de comercialización que operan en distintos puntos de la entidad y que utilizan diversos canales para la venta de vapeadores.
El caso se mantiene abierto y se espera que en las próximas semanas las autoridades federales den a conocer avances sobre las responsabilidades penales que pudieran derivarse de este aseguramiento.
