La Fiscalía Anticorrupción imputó a Francisco Márquez Salcido, exdirector administrativo de la UACH, por presunto peculado agravado al rentar 42 vehículos por 31.5 millones de pesos sin autorización presupuestal durante 2020 y 2022.
La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua dio un paso formal en la investigación contra Francisco Márquez Salcido, exdirector administrativo de la Universidad Autónoma de Chihuahua, al imputarlo por el delito de peculado agravado. El cargo se deriva de un presunto desvío de 31 millones 570 mil 451 pesos destinados al arrendamiento de 42 vehículos durante los ejercicios fiscales 2020, 2021 y 2022, operación que las autoridades consideran irregular porque no estaba contemplada en el presupuesto autorizado de la institución.
De acuerdo con los datos de prueba presentados ante el juez durante una audiencia inicial que se prolongó por seis horas, el exfuncionario habría celebrado un contrato plurianual con la empresa Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V., SOFOM ENR., identificado con el número UACH-DA-A140501-2020-P, sin que el arrendamiento de vehículos estuviera previsto dentro de las finalidades programadas para ese año. La Fiscalía argumentó que el presupuesto autorizado para adquisición de activo fijo en ese ejercicio fiscal contemplaba únicamente 8 millones 500 mil pesos, lo que hace aún más evidente la desproporción del contrato cuestionado.
La investigación tuvo su origen en la revisión de la cuenta pública de la UACH, específicamente en el informe individual de auditoría correspondiente a diciembre de 2021, donde se detectaron irregularidades en las observaciones 4 y 5 del documento. A partir de ese hallazgo, el Ministerio Público Anticorrupción solicitó información a la universidad, y fue la propia institución la que, a través de su representación legal, presentó la denuncia formal que derivó en la indagatoria ahora judicializada.
La conducta atribuida a Márquez Salcido se clasifica con base en el artículo 270 del Código Penal del Estado de Chihuahua, que tipifica el delito de peculado y establece sanciones de entre 4 y 12 años de prisión, además de multas de 500 a 2 mil días. La continuación de la audiencia de vinculación a proceso quedó programada para el lunes 27 de abril a las 8:00 de la mañana.
La Fiscalía Anticorrupción reiteró su compromiso de investigar y perseguir los actos que vulneren el correcto uso de los recursos públicos, en apego al debido proceso y en defensa del patrimonio de los chihuahuenses. El caso se suma a los esfuerzos de las autoridades estatales por transparentar el manejo de fondos en instituciones de educación superior financiadas con recursos públicos.
