La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la FGR será la encargada de informar sobre el acuerdo firmado por el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, ante el Departamento de Estado de EE.UU., en el marco de investigaciones activas que involucran a 50 perfiles del estado ligados al megalaboratorio de Morelos.
La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció este miércoles durante La Mañanera del Pueblo sobre el acuerdo firmado por el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, ante el Departamento de Estado de Estados Unidos durante su reciente gira de trabajo en territorio estadounidense. La mandataria señaló que corresponde a la Fiscalía General de la República ser la instancia encargada de informar sobre el alcance y la naturaleza de dicho convenio, y subrayó que existen investigaciones vigentes que involucran a diversos actores del estado de Chihuahua.
«La Fiscalía deberá informar de qué se trata este acuerdo. Hay investigaciones que la Fiscalía General de la República está realizando respecto al hallazgo en Morelos», puntualizó Sheinbaum ante los medios de comunicación, en referencia al megalaboratorio desmantelado en ese estado y cuya investigación ha derivado en la identificación de una lista de 50 perfiles bajo observación, algunos de ellos relacionados con el entorno político del norte del país.
La presidenta reveló que las indagatorias de la FGR incluyen el análisis del entorno de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, aunque evitó dar detalles técnicos para no entorpecer el debido proceso. Sheinbaum enfatizó que la Fiscalía presentará los pormenores de las investigaciones conforme avancen las diligencias, respetando los tiempos y mecanismos procesales correspondientes.
El pronunciamiento federal llegó tras la visita de Marco Bonilla a Estados Unidos, donde el alcalde buscó estrechar lazos de cooperación con autoridades estadounidenses. Sin embargo, la postura del Gobierno Federal fue clara: cualquier acuerdo de esta índole debe ser revisado por las autoridades judiciales federales para garantizar su alineación con la estrategia de seguridad nacional. El caso suma un nuevo capítulo a la tensión política entre el Gobierno Federal y funcionarios del estado de Chihuahua en el contexto de investigaciones relacionadas con el crimen organizado.
