La FGR citó a comparecer a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para declarar como testigo en torno a un polémico acuerdo de seguridad fronteriza y la presunta presencia de agencias extranjeras.
Un video del pasado resurgió esta semana en las plataformas digitales y colocó de manera inmediata en el centro del debate público a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Maru Campos Galván. En la grabación oficial, la mandataria estatal aparece junto al gobernador de Texas, Greg Abbott, firmando un acuerdo de seguridad fronteriza en el que formaliza compromisos concretos con el gobierno estadounidense. Estos acuerdos, según han señalado diversos críticos de su administración, representan facultades legales que la funcionaria nunca poseyó de acuerdo con la legislación mexicana.
La difusión de este material audiovisual cobra una relevancia explosiva en la coyuntura política actual, debido a que la Fiscalía General de la República citó formalmente a Campos Galván a comparecer el próximo 27 de mayo en calidad de testigo. La comparecencia forma parte de una investigación federal en curso que se encuentra directamente relacionada con la presunta presencia de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense en un operativo contra el narcotráfico desplegado en la Sierra de Chihuahua.
Durante la grabación compartida, el gobernador texano abre la conferencia de prensa describiendo un panorama de urgencia y asegura que su estado ha sido desbordada por un número récord de inmigrantes que cruzan de forma ilegal desde México con la ayuda directa de los cárteles de la droga. Acto seguido, el mandatario estadounidense presenta a la gobernadora chihuahuense como una pieza clave para la solución de dicha problemática, afirmando ante los medios que la mandataria le entregó el mejor plan de seguridad fronteriza que ha visto por parte de cualquier ejecutivo estatal mexicano.
Dentro de los compromisos específicos asumidos por la gobernadora de Chihuahua, detallados en su propia intervención, se encontraba la implementación en Ciudad Juárez de la estrategia de seguridad pública que aplicó durante su gestión como alcaldesa capitalina. Asimismo, la propuesta contemplaba la reubicación de la Secretaría de Seguridad Pública estatal a la zona de El Paso para priorizar la vigilancia en la frontera, complementada con una inversión proyectada superior a los 200 millones de dólares en tecnología de alto perfil.
Antes de estampar las firmas oficiales, el funcionario texano leyó en voz alta el párrafo más controvertido del memorando de entendimiento, el cual estipulaba que el estado de Chihuahua aplicaría medidas reforzadas de vigilancia a lo largo de toda la franja del Río Bravo para contener los flujos migratorios. Estas acciones incluían el despliegue de la Plataforma Centinela, un sistema de rastreo vehicular desde los parques industriales juarenses hasta los cruces internacionales, además del uso continuo de aeronaves no tripuladas para patrullar de cerca la línea fronteriza.
El punto crítico que coloca a la gobernadora en la mira de las autoridades federales radica en que firmó compromisos en materia migratoria y de tráfico de drogas con una administración extranjera sin poseer las facultades constitucionales necesarias para regular los cruces fronterizos. Al respecto, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, fue contundente al declarar que ningún gobierno estatal tiene la atribución legal para establecer acuerdos independientes de seguridad pública ni de intercambio de inteligencia con agencias gubernamentales de otros países.
A la polémica jurídica se suma el señalamiento de que la administración estatal presuntamente habría facilitado un piso entero dentro de la Torre Centinela para que agencias norteamericanas vigilaran de cerca el cruce de los camiones de carga comercial. Aunque la propia gobernadora reconoció en entrevistas que sus funcionarios sí sostenían reuniones de trabajo con personal del Departamento de Estado, Homeland Security, el FBI y la DEA en Ciudad Juárez, negó categóricamente que se tratara de elementos pertenecientes a la CIA.
El citatorio correspondiente fue entregado por agentes federales a la mandataria, quien deberá presentarse formalmente en las oficinas de la delegación estatal de la FGR en Ciudad Juárez a las 10:00 horas del 27 de mayo. Maru Campos ya confirmó de manera pública que acudirá a la cita ministerial, mientras que el caso continúa desatando duros cuestionamientos políticos y acusaciones de entreguismo constitucional por parte de diversos actores políticos de la entidad.
