La defensa de Rafael Caro Quintero denunció aislamiento extremo en prisión de Nueva York, argumentando violaciones a sus derechos y limitaciones para construir una defensa justa.
Los abogados de Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, denunciaron ante la corte de Brooklyn, Nueva York, que su cliente se encuentra bajo condiciones extremas de aislamiento que vulneran sus derechos fundamentales, tanto humanos como legales. A través de una carta formal dirigida al juez Frederick Block, el abogado Mark DeMarco pidió que se retiren las Medidas Administrativas Especiales (SAMs) impuestas al narcotraficante mexicano, argumentando que estas afectan su salud mental y limitan gravemente su derecho a una defensa adecuada.
Según la defensa, Caro Quintero, de 71 años, permanece recluido en una pequeña celda sin ventanas en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, donde pasa 23 horas diarias completamente solo durante los días hábiles, y 24 horas continuas los fines de semana. No tiene permitido hacer ejercicio, la luz permanece encendida todo el tiempo, y las comidas le son entregadas por una rendija sin contacto humano. Además, su ropa y mantas son insuficientes para soportar el frío generado por el aire acondicionado errático del penal.
El abogado detalló que su cliente ha tenido únicamente dos llamadas telefónicas breves con su familia en México desde su extradición, y que, aunque ha recibido visitas legales, no se ha permitido la entrada a investigadores clave para el desarrollo de su defensa. DeMarco alegó que las restricciones impuestas son propias de un acusado por terrorismo, lo cual no aplica en este caso, pues ni siquiera existe riesgo de fuga confirmado por la fiscalía.
Rafael Caro Quintero enfrenta actualmente cargos por tráfico de drogas —incluyendo marihuana, cocaína, heroína y metanfetamina— así como por uso de armas de fuego y crimen organizado. Uno de los señalamientos más graves es su presunta participación en el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en 1985.
La defensa solicita que se levanten las medidas carcelarias especiales para garantizar un juicio justo y permitir la construcción de una defensa que pueda acceder a pruebas tanto en Estados Unidos como en México o Colombia, donde podrían encontrarse elementos relevantes para el caso.
