La audiencia judicial para definir el estatus de la denuncia penal interpuesta por Javier Corral contra la gobernadora Maru Campos fue aplazada debido a la inasistencia del senador.
La audiencia judicial programada para determinar si se reabre o se archiva de manera definitiva la denuncia interpuesta por el senador Javier Corral Jurado en contra de María Eugenia Campos Galván, gobernadora constitucional de Chihuahua, sufrió un aplazamiento tras la inasistencia de la parte acusadora a la sede del Poder Judicial de la Ciudad de México. El proceso penal, que analiza presuntos delitos de privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones, se encuentra sujeto a una impugnación tras un dictamen previo de las autoridades locales.
La representación legal de la gobernadora chihuahuense notificó que una jueza de control de la Ciudad de México tomó la determinación técnica de reprogramar esta audiencia para el próximo martes 2 de junio de 2026 en punto de las 9:45 horas. Los litigantes advirtieron que, bajo los lineamientos del código procesal vigente, en caso de que el legislador federal no se presente a la nueva cita jurídica, el recurso de impugnación promovido quedará automáticamente sin materia legal, lo que dejaría en firme el no ejercicio de la acción penal que ya había sido dictaminado con anterioridad por la fiscalía del centro del país.
Al salir de la Sala de Oralidad Número 8, el abogado Roberto Gil Zuarth reveló información complementaria sobre el caso, señalando que Corral Jurado solicitó de manera formal que la carpeta de investigación correspondiente fuera transferida a la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que es encabezada por Ulises Lara. No obstante, el litigante enfatizó que la institución ministerial capitalina rechazó dicha petición de traslado, interpretando el movimiento como un intento de presión mediática por parte del equipo del exmandatario estatal.
Por su parte, la gobernadora Maru Campos Galván había denunciado públicamente la existencia de una campaña de persecución política e institucional en su contra, argumentando que se buscaba realizar una imputación infundada utilizando las estructuras judiciales de la Ciudad de México. Esta postura ha recibido el respaldo de diversas figuras del Partido Acción Nacional, quienes cuestionan el activismo de las fiscalías en este caso, mientras que las autoridades de la Ciudad de México sostienen que el llamado a los juzgados obedece estrictamente al trámite ordinario que exige la ley ante la inconformidad presentada por el denunciante.
