El Gobierno de Chihuahua inició el proceso para contratar un crédito de 3 mil millones de pesos destinado a obras públicas productivas, con plazo de hasta 25 años.
El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Hacienda, inició el procedimiento formal para contratar un crédito por 3 mil millones de pesos, recurso que será destinado a obras públicas bajo el concepto de inversión pública productiva.
Desde el 11 de febrero comenzó la convocatoria dirigida a bancos e instituciones financieras interesadas en participar en el proceso de financiamiento. Con esta acción se activan los plazos administrativos correspondientes, con el objetivo de concretar la firma del contrato —o contratos, en caso de optar por varias propuestas— a más tardar el 28 de abril.
La contratación del financiamiento forma parte de la autorización previamente aprobada por el Congreso del Estado, que avaló la posibilidad de adquirir deuda para desarrollar proyectos que generen beneficios productivos en la entidad.
Entre las obras contempladas se encuentran proyectos de infraestructura en servicios básicos como agua, gas, electricidad y telecomunicaciones; así como construcción y modernización de vías de comunicación, urbanización, seguridad pública, clínicas y equipamiento de salud, además de maquinaria y equipo para fortalecer el sector agropecuario.
En cuanto a las condiciones financieras, el crédito se plantea a un plazo de entre 20 y 25 años, con pagos mensuales. Las instituciones bancarias podrán presentar propuestas para uno o ambos plazos, incluso de manera parcial, con el fin de integrar el monto total requerido.
La tasa de interés estará referenciada a la tasa de Banxico —actualmente en 7.00%— más una sobretasa determinada por el nivel de calificación crediticia del estado. El objetivo de la convocatoria es obtener la menor sobretasa posible y condiciones favorables para la administración estatal.
El esquema contempla un perfil de amortización con pagos crecientes de capital bajo un factor estimado de 1.5%. Asimismo, se detallan mecanismos técnicos como la posibilidad de contratar instrumentos derivados para protegerse ante variaciones futuras en la tasa de interés, así como disposiciones sobre gastos adicionales y opciones de prepago.
