En Chihuahua no existe un protocolo de protección para trabajadoras sexuales, pues el enfoque municipal se limita a la salud pública y prevención de enfermedades de transmisión sexual.
Mientras que en la Ciudad de México se desarrolla un protocolo de seguridad con perspectiva de género para trabajadoras sexuales de la zona de Tlalpan previo al Mundial 2026, en Chihuahua capital no existe un esquema formal de protección hacia este sector.
El municipio mantiene un enfoque centrado exclusivamente en la salud pública, informó Luis Antonio Arrieta Trevizo, director del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS).
En la capital del país, el Secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, anunció la creación de un grupo especializado en derechos humanos, en colaboración con la Secretaría de las Mujeres y organismos internacionales, con el fin de prevenir la violencia contra trabajadoras sexuales durante el evento deportivo. Dicho protocolo incluye horarios, códigos de conducta y campañas preventivas para garantizar su seguridad.
En contraste, en Chihuahua, las autoridades se enfocan únicamente en la prevención de enfermedades de transmisión sexual (ETS), sin un marco que proteja los derechos laborales o sociales de las personas dedicadas al sexoservicio. Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha reconocido el trabajo sexual como una forma válida de autonomía económica, no existe aún un protocolo local que garantice la seguridad ni condiciones laborales para este grupo.
Arrieta Trevizo explicó que el municipio colabora con el Gobierno del Estado y la Asociación Fátima, organización dedicada a la prevención del VIH y promoción de los derechos sexuales, para realizar campañas de detección y prevención de enfermedades. Entre las acciones implementadas están la aplicación de pruebas rápidas, entrega gratuita de preservativos y charlas informativas en escuelas, centros laborales y espacios públicos, con el objetivo de reducir contagios y eliminar el estigma social.
“Es un trabajo conjunto que busca favorecer la salud, no solo reproductiva, sino también la prevención de enfermedades infecciosas”, declaró Arrieta Trevizo.
Datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de VIH de la Secretaría de Salud Federal indican que entre 2014 y julio de 2025, el estado de Chihuahua ha registrado 4,959 casos de VIH, de los cuales 4,195 corresponden a hombres y 764 a mujeres. En los últimos años, las cifras han mostrado una tendencia al alza: 508 casos en 2022, 702 en 2023 y un máximo histórico de 730 en 2024. En lo que va de 2025, se contabilizan 370 nuevos casos, aunque las autoridades prevén un aumento al cierre del año.
El Reglamento de Prevención, Detección y Atención de Infecciones de Transmisión Sexual y VIH del municipio establece algunas disposiciones sanitarias aplicables al ejercicio del trabajo sexual, como contar con un Certificado de Salud expedido por la Subdirección de Epidemiología, mismo que debe acreditarse ante Gobernación Municipal. También prohíbe prestar servicios a mujeres embarazadas o personas con infecciones activas como sífilis, VIH, gonorrea o VPH.
Los establecimientos y personas que ofrecen servicios sexuales deben registrarse ante la autoridad municipal y están sujetos a sanciones que van desde amonestaciones hasta arrestos de 36 horas, además de multas de 10 a 365 días de salario mínimo y clausuras temporales o definitivas en caso de reincidencia.
Pese a esta regulación sanitaria, Chihuahua no cuenta con un protocolo social ni de seguridad que reconozca los derechos de las trabajadoras sexuales o las proteja frente a la violencia y discriminación. Mientras la CDMX avanza hacia un modelo de protección integral con perspectiva de género, en la capital chihuahuense la atención continúa centrada exclusivamente en la salud pública, dejando fuera el componente de derechos humanos que demandan las organizaciones civiles.
