El secretario de Gobierno de Chihuahua, Santiago de la Peña, calificó el intento de juicio político de Morena contra Maru Campos como un posicionamiento político sin sustento jurídico, vinculándolo con las acusaciones de EU contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
El secretario general de Gobierno de Chihuahua, Santiago de la Peña, salió este viernes a cuestionar la intención de legisladores federales de Morena de impulsar un juicio político contra la gobernadora María Eugenia Campos Galván. Para el funcionario estatal, la iniciativa responde a un cálculo político y no a fundamentos jurídicos sólidos, y su reactivación no es casual: surgió justo después de que autoridades de Estados Unidos señalaron al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
De la Peña señaló que antes de que trascendiera la acusación contra Rocha Moya, el Senado ya había planteado la comparecencia de Maru Campos por el caso del narcolaboratorio desmantelado en la sierra de Chihuahua, sin que en ese momento existieran elementos suficientes para promover un juicio político. La reaparición del tema, dijo, obedece a intereses políticos coyunturales y no a la existencia de pruebas claras que lo justifiquen. «Se trata más de un posicionamiento político que de un planteamiento con sustento real», afirmó.
El secretario también apuntó hacia lo que calificó como una incongruencia en la postura de Morena: mientras el grupo parlamentario exige responsabilidades a la gobernadora panista, la reacción no fue la misma cuando el señalamiento recayó sobre uno de sus propios integrantes. «Más que hablar de hipocresía, hablaría de incongruencia», expresó, al comparar las exigencias hacia Campos con el silencio relativo ante las acusaciones externas contra Rocha Moya.
Finalmente, De la Peña cuestionó la calidad de los argumentos con los que se ha impulsado la discusión, señalando que provienen más de posturas viscerales que de análisis objetivos, y que la solicitud de comparecencia se sustentó en especulaciones sin respaldo jurídico suficiente. Para el gobierno de Chihuahua, el intento de juicio político es un movimiento de escenario electoral, no una acción fundada en derecho.
