Claudia Sheinbaum negó estar presionada por las acusaciones del Departamento de Justicia de EU contra el gobernador Rocha Moya, defendió la soberanía nacional y exigió que sea la FGR quien investigue conforme al marco jurídico mexicano.
La presidenta Claudia Sheinbaum salió al frente este miércoles para desmentir que su gobierno enfrente una crisis institucional por las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios mexicanos. Desde La Mañanera del Pueblo celebrada en el Centro Cultural del México Contemporáneo, la mandataria fue tajante: «Falso. En México decidimos los mexicanos. Nosotros siempre vamos a trabajar con la verdad, la justicia y la defensa de la soberanía.»
La presidenta respondió directamente a los señalamientos de la oposición y de algunos medios de comunicación que interpretaron la situación como una presión insostenible para su administración. Sheinbaum rechazó esa lectura y aseguró que se encuentra «fuerte, sólida y muy segura», al tiempo que acusó a sus críticos de intentar instalar artificialmente la percepción de una crisis donde, a su juicio, no la hay. Señaló que la oposición, a la que identificó como el PRIAN, recurre a la repetición sistemática de versiones para convertirlas en supuesta verdad, sin ofrecer un proyecto real de nación.
En cuanto al fondo del caso, la presidenta fue enfática en que corresponde a la Fiscalía General de la República investigar, solicitar pruebas y actuar conforme al marco jurídico nacional, tanto en el caso de Sinaloa como en cualquier otro que involucre señalamientos de autoridades extranjeras. Recordó que México y Estados Unidos están obligados por el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua de 1987 a intercambiar pruebas, mantener confidencialidad y emplear canales formales en los procedimientos de extradición. «Todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre que es culpable. Así es la justicia en México», subrayó, exigiendo que no se realicen juicios mediáticos ni se prejuzgue a nadie fuera del debido proceso legal.
Para defender la política de seguridad de su gobierno frente a las críticas, Sheinbaum destacó una reducción del 44 por ciento en homicidios dolosos durante su administración, así como la extradición de 94 delincuentes pertenecientes a distintos grupos criminales hacia Estados Unidos, en los casos en que se ha considerado benéfico para México. También mencionó avances en detenciones, incautaciones y destrucción de laboratorios, y citó datos de la encuesta ENSUS del INEGI que, según indicó, muestran una reducción en la percepción de inseguridad entre la ciudadanía.
La mandataria aprovechó el momento para trazar con claridad la línea que su gobierno no cruzará en materia de relaciones con Washington. «Con Estados Unidos cooperamos, nos coordinamos. Lo he dicho muchas veces, nunca nos vamos a subordinar. Es un asunto de dignidad. ¿De quién? Del pueblo de México y de la nación», insistió. El contexto diplomático se ha tensado en los últimos días luego de que senadores estadounidenses emitieran advertencias públicas declarando que «se acabó la impunidad para los narcoterroristas», declaraciones que han incrementado la presión sobre el gobierno federal mexicano.
Sheinbaum confirmó que ya instruyó a la Fiscalía y a los equipos jurídicos del gobierno para atender cualquier solicitud internacional conforme a la ley, reiterando que el Estado de derecho, la Constitución y las leyes mexicanas son el único marco bajo el cual su administración tomará decisiones en este y cualquier otro caso.
