El alcalde Marco Bonilla calificó como «autoritarismo puro» el fallo de la SCJN que permite a la UIF congelar cuentas sin orden judicial, advirtiendo un grave retroceso en las libertades.
El presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla Mendoza, emitió una postura crítica frente a la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual avala la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para congelar cuentas bancarias de ciudadanos y empresas sin la necesidad de una orden judicial previa. Para el edil chihuahuense, esta determinación representa un alarmante síntoma de debilitamiento institucional y un golpe directo al equilibrio de poderes que debe regir en una democracia moderna.
El alcalde Marco Bonilla calificó como «autoritarismo puro» el fallo de la SCJN que permite a la UIF congelar cuentas sin orden judicial, advirtiendo un grave retroceso en las libertades.
ShutterstockBonilla señaló que permitir que el Poder Ejecutivo, a través de una instancia administrativa, ejecute bloqueos de recursos financieros bajo sospecha, dejando el control judicial para una etapa posterior, vulnera el principio de presunción de inocencia. El alcalde argumentó que colocar al Ejecutivo por encima de los tribunales y del Legislativo abre una ruta peligrosa hacia prácticas de control centralizado, las cuales describió de manera tajante como «autoritarismo puro», advirtiendo que los ciudadanos quedan indefensos al no conocer las acusaciones en su contra antes de ser sancionados financieramente.
Durante su intervención, el mandatario municipal trazó un paralelismo entre este tipo de facultades discrecionales y la retórica política del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Con la frase «vamos que volamos para Trump», Marco Bonilla sugirió que México se encamina hacia un modelo de gobernanza donde la voluntad de una oficina gubernamental puede pasar por encima de las garantías individuales, afectando la certidumbre jurídica y el clima de inversión en el país.
El fallo de la Corte establece que el congelamiento puede aplicarse de forma preventiva siempre que existan indicios de lavado de dinero o financiamiento ilícito. No obstante, Marco Bonilla cuestionó la falta de transparencia en el proceso, señalando que el derecho de los mexicanos a disponer de sus recursos no debe estar sujeto a revisiones arbitrarias que no hayan pasado primero por el tamiz de un juez. El alcalde concluyó que este tipo de medidas, lejos de combatir la corrupción de manera eficiente, terminan por erosionar la confianza en las instituciones y ponen en riesgo las libertades civiles que tanto ha costado construir.
