En México, el acceso legal a las armas está limitado a dos armerías militares, reflejando un esfuerzo por frenar la violencia en un país saturado de armamento ilegal.
México, pese a que constitucionalmente permite a sus ciudadanos poseer armas, ha restringido este derecho a un nivel extremo: solo existen dos tiendas legales en todo el país donde los civiles pueden adquirir armas de fuego, ambas operadas por el ejército. Esta medida refleja la tensa y ambigua relación de México con las armas, marcada por el deseo de controlar su circulación y el desafío constante del tráfico ilegal proveniente en gran parte de Estados Unidos.
Estas armerías —una en Ciudad de México y otra más reciente en Monterrey— reciben diariamente a clientes que viajan horas, incluso durante toda la noche, desde distintos estados. Ya sea por seguridad personal, prácticas deportivas o necesidades laborales, los solicitantes deben atravesar un proceso burocrático extenso: esperan meses por la aprobación, reúnen más de una decena de documentos y cumplen con estrictas evaluaciones médicas y psicológicas. Aun así, muchos, como Cristian Ulices Ocaranza Márquez, un policía municipal de Colima, consideran que estas limitaciones están justificadas en un país azotado por la violencia del crimen organizado.
Las restricciones no solo son el reflejo de una historia violenta y convulsa, sino también de una relación geopolítica desequilibrada con Estados Unidos. Mientras que la Segunda Enmienda estadounidense facilita el acceso libre a las armas, miles de ellas cruzan la frontera sur ilegalmente. Se calcula que entre 200,000 y 500,000 armas ingresan cada año de forma ilícita a México, muchas de las cuales terminan en manos de los cárteles. El gobierno mexicano ha denunciado repetidamente esta situación y, bajo el mandato de Claudia Sheinbaum, el tema se ha convertido en una prioridad diplomática.
Dentro del país, el ejército funge como único intermediario legal para la compra de armas. El control es exhaustivo: todo comprador debe registrar su nombre, dirección y huellas dactilares, y el ejército mantiene un registro nacional obligatorio, algo que contrasta con la falta de regulación en gran parte de Estados Unidos. Además, se limita el tipo de armas que los ciudadanos pueden poseer: pistolas de hasta calibre .380 y rifles o escopetas de ciertos calibres, reservando los más potentes exclusivamente para las fuerzas armadas.
Para muchos ciudadanos como Eduardo Ignacio García Zavala, tirador deportivo y comprador frecuente, la legalidad del proceso aporta tranquilidad y sentido de responsabilidad. Aun así, lamenta que la oferta esté tan restringida y desearía contar con una variedad similar a la que existe al norte del río Bravo. Pese a ello, prefiere adquirir armas de forma legal, no solo por el precio más accesible, sino por la certeza de estar actuando correctamente.
Las tiendas, aunque pequeñas y austeras, ofrecen una amplia gama de 145 marcas y tipos de municiones. La venta no genera ganancias para el ejército, que opera sin fines de lucro con el propósito exclusivo de controlar el acceso. En 2024, se vendieron cerca de 16,000 armas y 20 millones de cartuchos.
Este singular sistema refleja una paradoja mexicana: un país que reconoce el derecho a poseer armas, pero que al mismo tiempo lucha por evitar que ese derecho se transforme en una amenaza más en un contexto de criminalidad y tráfico transfronterizo.
