México encabeza mercados criminales globales según el Índice 2025, destacando narcotráfico, trata, armas y extorsión, mientras enfrenta resiliencia institucional limitada ante el crimen organizado.
El más reciente estudio presentado por la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional (GI-TOC, por sus siglas en inglés), correspondiente a la edición 2025 del Índice Mundial de Delincuencia Organizada, posiciona a México como el país con mayor actividad en mercados criminales a nivel internacional. De acuerdo con las mediciones, el país obtuvo un puntaje de 8.27 en la categoría de mercados ilícitos, una cifra que lo coloca en la primera posición global. Además, se ubicó como la tercera nación con mayor criminalidad total, con 7.8 puntos, únicamente por debajo de Myanmar y Colombia.
Este índice internacional, considerado una de las herramientas más importantes para estudiar la evolución y presencia del crimen organizado, analiza tanto la capacidad operativa de los grupos delictivos como el nivel de respuesta institucional de los Estados. En el caso de México, el informe concluye que existe una estructura criminal extremadamente diversificada, con organizaciones que operan de manera similar a corporaciones multinacionales, ampliando su alcance a distintos tipos de economías ilícitas y manteniendo una capacidad financiera que rebasa los mecanismos de contención gubernamental.
La clasificación de mercados criminales abarca actividades como tráfico de personas, contrabando de migrantes, extorsión, tráfico de armas, falsificación de productos, delitos ambientales, crímenes financieros y cibernéticos, así como la producción y distribución de drogas. Entre estos mercados, el tráfico de cocaína sobresale con una puntuación cercana al máximo establecido, debido a la importancia de México como corredor continental y a la implementación de una logística criminal sofisticada que ha evolucionado de manera constante.
Además, el documento destaca que la producción de drogas sintéticas, como metanfetaminas y fentanilo, se ha consolidado como una de las actividades más lucrativas para las organizaciones criminales del país, generando ingresos de alto impacto y manteniendo una presencia significativa dentro y fuera del territorio nacional.
En el análisis de estructuras criminales, el informe identifica principalmente a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) como los actores dominantes del crimen organizado, calificándolos como grupos con «fuerza laboral vasta», capacidad territorial amplia, presencia dentro de centros penitenciarios y operaciones transnacionales que involucran tráfico de drogas, personas, armas y recursos ilícitos. La GI-TOC enfatiza que esta capacidad ha generado un fenómeno criminal multidimensional que afecta al sector económico, a las instituciones gubernamentales y a la dinámica social del país.
Asimismo, el estudio resalta una profunda vulnerabilidad en el sur del territorio nacional, particularmente en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde la trata de personas y la explotación laboral y sexual se mantienen como amenazas graves y recurrentes. Las principales víctimas, según el análisis, son mujeres, menores de edad y poblaciones indígenas que enfrentan pobreza, falta de oportunidades y exposición directa a redes criminales, situación agravada por el flujo migratorio y la debilidad institucional regional.
En términos de resiliencia estatal, México aparece con una calificación de 4.50, lo que lo sitúa en el lugar 111 de 193 países analizados, debido a la limitada capacidad gubernamental para investigar, judicializar y sancionar el crimen organizado. Aunque el documento reconoce una posición discursiva firme contra los grupos criminales, también señala que persisten obstáculos como la impunidad, la corrupción, la falta de transparencia y los riesgos generados por la militarización de la seguridad pública, proceso que se intensificó durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.
El informe también pone atención en las recientes reformas relativas a la elección de jueces, advirtiendo que podrían generar mayor vulnerabilidad del sistema judicial ante posibles influjos del crimen organizado, representando un riesgo para el Estado de Derecho.
Finalmente, el análisis concluye que México mantiene un escenario complejo derivado de la expansión criminal, el fortalecimiento de economías ilegales, la capacidad multinacional de los cárteles y el debilitamiento progresivo de los mecanismos de contención institucional. La combinación de estos factores coloca al país entre los principales desafíos globales en materia de seguridad, gobernabilidad y combate al crimen organizado, y recalca que el reto no solo implica frenar dichas estructuras, sino reconstruir el equilibrio estatal para garantizar justicia, protección ciudadana y control territorial.
