Productores de Chihuahua rechazan la reforma a la Ley de Aguas, advierten afectaciones patrimoniales y preparan un amparo. Ganaderos y fruticultores alertan riesgo para concesiones y actividad agrícola.
La propuesta de reforma a la Ley de Aguas Nacionales, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha generado una profunda molestia entre agricultores, ganaderos y fruticultores de Chihuahua. Los productores afirman que los cambios planteados representan una regresión en materia de derechos adquiridos y una amenaza directa para la propiedad rural, al limitar la transferencia de concesiones de agua cuando una tierra se vende o cambia de dueño.
La Unión Ganadera Regional de Chihuahua, encabezada por Álvaro Iván Bustillos, expresó que la preocupación es generalizada dentro del sector pecuario, pues muchos ranchos dependen de pozos registrados y concesionados desde hace décadas. El líder ganadero explicó que se convocará una reunión urgente para definir propuestas y participar en los foros de consulta, con el objetivo de evitar que se afecten los títulos de agua que dan valor al patrimonio rural.
En paralelo, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano anunció que ya prepara un amparo, argumentando que la reforma es injustificada y viola principios constitucionales. Su dirigente, Eraclio “Yako” Rodríguez Gómez, denunció que prohibir la transferencia automática de concesiones al vender una propiedad abre la puerta a la pérdida del patrimonio familiar. Según su postura, esto empujaría la compra de tierras por grandes empresas que sí podrían recuperar las concesiones sin restricciones.
Las manifestaciones ya comenzaron a reflejar el descontento. Agricultores acudieron a las oficinas de la Conagua en Chihuahua, donde cuestionaron la interpretación del director local, Román Alcántar Alvídrez, quien aseguró que las concesiones no desaparecerán, sino que deberán renovarse si el nuevo propietario acredita el uso agrícola. Los productores rechazan este mecanismo, al considerarlo un proceso discrecional y una violación a sus derechos adquiridos.
Productores frutícolas del noroeste del estado advirtieron que, si la reforma se aprueba, el valor de las unidades de producción desplomará drásticamente. Explicaron que tierras que hoy valen decenas de millones debido a sus sistemas de riego podrían volverse casi inútiles sin la certeza del agua, afectando economías locales y el trabajo de generaciones que han invertido en infraestructura agrícola.
El Frente sostiene que la política hídrica federal podría favorecer la concentración del recurso en manos de grandes corporativos, debilitando a los pequeños y medianos productores. Subrayan que el agua es un factor de poder y que la comunidad rural corre el riesgo de perderlo. Aseguran estar dispuestos al diálogo, pero no a aceptar una legislación que, desde su perspectiva, destruye el patrimonio familiar del campo mexicano.
Finalmente, los líderes rurales reiteraron que el amparo que interpondrán busca detener la reforma y visibilizar el impacto económico y social que, aseguran, traería consigo. Señalan que la defensa del agua también es una defensa del futuro agrícola del estado y de miles de familias que dependen de él.
