La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que el «caso CIA» en Chihuahua, donde murieron dos agentes extranjeros no acreditados, marcó un quiebre en la histórica coordinación que se mantenía con Estados Unidos.
La presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció de manera formal que el denominado «caso CIA», registrado en el territorio del estado de Chihuahua, constituyó un punto de inflexión y un quiebre institucional en la agenda de cooperación bilateral que se mantenía con la administración gubernamental de los Estados Unidos. Durante el desarrollo de su segundo informe de Rendición de Cuentas, la jefa del Ejecutivo federal expuso que los canales de entendimiento técnico en materias de contención migratoria —los cuales habían propiciado una reducción del 97.5% en los encuentros fronterizos— operaban con regularidad histórica hasta la detección de células de inteligencia extranjera sin acreditación consular en la entidad norteña.
Los dictámenes de la Fiscalía General de la República (FGR) precisan que elementos pertenecientes a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos desplegaron labores de localización de un laboratorio clandestino de sustancias sintéticas en Chihuahua al margen de los protocolos que mandata la Secretaría de Relaciones Exteriores. Derivado de este despliegue no autorizado, dos de los agentes operativos perdieron la vida bajo circunstancias que actualmente son objeto de una carpeta de investigación criminal de carácter federal. Ante la vulneración del marco normativo, el Gobierno de México exigió el repliegue inmediato y la salida del territorio nacional del resto del personal estadounidense involucrado en las misiones de campo.
La tensión diplomática entre ambas naciones experimentó un escalamiento subsecuente luego de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitiera solicitudes urgentes de detención con fines de extradición en contra de un esquema de 10 ciudadanos mexicanos, portafolio de objetivos que incluye de manera inédita a un gobernador constitucional en funciones, un senador de la República y un presidente municipal de la región. Sobre este particular, la mandataria federal notificó que el gobierno norteamericano no ha consignado los desgloses probatorios ni las evidencias jurídicas correspondientes, confirmando simultáneamente que dos de las diez personas requeridas optaron por entregarse de forma voluntaria a las instancias judiciales del país vecino.
Finalmente, la presidenta Sheinbaum Pardo encuadró la postura de la administración federal en una estricta defensa de la soberanía nacional y el orden constitucional, argumentando que permitir la remoción de funcionarios electos mediante el sufragio popular bajo consignas de agencias externas representaría una abdicación inaceptable del Estado de derecho. Evocando las tesis históricas de Benito Juárez frente al periodo de la intervención francesa, la titular del Ejecutivo sentenció que la FGR mantendrá la soberanía de sus procesos ministeriales, determinando que cualquier acción punitiva responderá exclusivamente a los tribunales nacionales y no a peticiones unilaterales desprovistas de sustento legal público.
