El Cedehm presentó un informe sobre el impacto de la violencia en niñas, niños y adolescentes en Chihuahua, con 160 mil denuncias por violencia familiar en 11 años, y exige crear un mecanismo interinstitucional permanente de atención y reparación.
El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres presentó ante el Sistema Estatal de Atención a Víctimas el informe «Las infancias que no vemos. Cómo las graves violaciones de derechos humanos están moldeando a niñas, niños y adolescentes en Chihuahua», a través del cual la organización civil denuncia que la niñez chihuahuense crece inmersa en contextos de violencia que el Estado no ha atendido con la integralidad que exige la ley, y propone la creación de un mecanismo interinstitucional, interdisciplinario y permanente enfocado específicamente en este sector de la población.
El documento pone cifras concretas a una realidad que suele quedar fuera de las estadísticas oficiales. Entre 2015 y 2025, Chihuahua registró 138 mil 235 denuncias por violencia familiar y 22 mil 615 por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, para un total de 160 mil 850 denuncias en 11 años. Detrás de cada uno de esos expedientes, señala el Cedehm, hay niñas, niños y adolescentes que también resultaron afectados, aunque no figuren como víctimas directas en los registros.
El informe advierte que quienes nacieron a partir de 2009 han transcurrido toda su vida en un entorno marcado por una aguda crisis de violencia, impunidad e inseguridad, acompañada de una creciente militarización de la seguridad pública. Los impactos documentados son profundos y variados: depresión, agresividad, rebeldía, dificultades para relacionarse, disminución del rendimiento académico y, en los casos más graves, la normalización de patrones violentos que se replican en sus propias relaciones. La violencia sexual, por su parte, genera afectaciones que van mucho más allá del momento de la agresión y pueden extenderse a toda la vida adulta de sus víctimas.
El Cedehm fundamenta su propuesta en el artículo 7, fracción XV de la Ley de Víctimas para el Estado de Chihuahua, y sostiene que la creación del mecanismo no es una medida discrecional sino una obligación derivada del marco constitucional y convencional en materia de derechos humanos. El nuevo organismo deberá implementar medidas de atención, protección y reparación integral con acompañamiento psicosocial especializado, garantizar canales seguros para escuchar la voz de los menores, e identificar vacíos institucionales para formular recomendaciones de política pública.
«Que niñas, niños y adolescentes puedan crecer libres de violencia no es solo una obligación del Estado: es una responsabilidad compartida por toda la sociedad», subrayó la organización al cerrar su propuesta.
